Fernando Isaza Gutiérrez sería el nuevo presidente del Fondo Nacional de Garantías

El Gobierno Nacional publicó el pasado 22 de septiembre la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres como candidato a ocupar la Presidencia del Fondo Nacional de Garantías S.A., entidad perteneciente al sector de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con la información publicada en la plataforma oficial, Isaza se postula al cargo de presidente del FNG, mientras que su trayectoria registra varios años de experiencia en el sector privado y público.

Entre los cargos relacionados en su hoja de vida aparece el de secretario de Despacho de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, posición que ocupó entre enero de 2016 y diciembre de 2019. Durante ese periodo también ejerció como secretario de Movilidad de la ciudad, desde donde tuvo a su cargo asuntos relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial. Comunicados oficiales de la Alcaldía de Barranquilla de 2016 lo identifican como titular de esa dependencia.

Posteriormente, Isaza estuvo al frente de Transmetro S.A., donde, según la hoja de vida publicada, se desempeñó como gerente entre febrero de 2020 y enero de 2024. Su trayectoria empresarial también incluye cargos en Industrias IGP Ltda., Latex de Colombia y JG Garcés.

Sin embargo, su llegada al FNG también pone nuevamente bajo el radar un episodio relacionado con las Islas del Rosario. En 2017, El Tiempo reportó que un predio de estas islas figuraba a nombre de Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres y Christian Bellingrodt Salom, en el marco de cuestionamientos sobre los cánones de arrendamiento de terrenos baldíos administrados por el entonces Incoder. El caso fue llevado ante la Fiscalía para determinar la legalidad de los contratos suscritos en 2016.

La situación no quedó únicamente en publicaciones de prensa. Documentos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras registran el contrato 002-08, correspondiente a un “terreno baldío sin nombre conocido”, asociado a Fernando Isaza Gutiérrez de Piñeres. La ANT también relacionó posteriormente este predio entre aquellos sobre los cuales adelantó acciones jurídicas para recuperar terrenos baldíos de la Nación.

Además, los estados financieros de la Agencia Nacional de Tierras correspondientes a 2022 registraron intereses de mora asociados a la obligación de hacer establecida en un acuerdo de pago relacionado con ese contrato, señalando que el asunto se encontraba en proceso jurídico.