(EN VIDEO) Fiscalía ofreció millonarias recompensas por cabecillas señalados en magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer un cartel con los principales integrantes de la estructura conocida como Segunda Marquetalia, contra quienes se emitieron órdenes de captura por su presunta participación en el homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en Bogotá.

De acuerdo con la información oficial, las decisiones judiciales se sustentan en elementos recopilados dentro de la investigación, entre ellos declaraciones entregadas por Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias de “el Viejo”, quien señaló a esa organización como responsable de la planificación del ataque.

El ente acusador indicó que se trata de siete personas identificadas como integrantes de la cúpula de ese grupo armado, a quienes se les atribuye la autoría intelectual del hecho. Las autoridades activaron un plan de búsqueda que incluye la divulgación de sus identidades y la oferta de recompensas económicas para facilitar su ubicación.

En el listado aparece Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, por quien se ofrece una suma de hasta $5.000 millones de pesos. También figura Gener García Molina, alias “Jhon 40”, con una recompensa de hasta $4.000 millones de pesos, al igual que José Manuel Sierra Zabogal, conocido como “Zarco Aldiniver”, por quien se mantiene la misma cifra.

Otros señalados son Jhon Jairo Bedoya Arias, alias “Rumba”, Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, y Diógenes Medina Hernández, alias “Gonzalo”, cada uno con recompensas de hasta $2.000 millones de pesos.

En el cartel también se incluyó a Kendry Téllez Álvarez, alias “Yoko”, por quien se ofrecen hasta $500.000.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, este último sería un presunto enlace entre estructuras criminales dedicadas a la tercerización de actividades ilícitas y la organización disidente.

La investigación también recoge información sobre los recursos que habrían sido utilizados para ejecutar el atentado. De acuerdo con los datos conocidos, se habría dispuesto una suma cercana a los $1.000 millones de pesos para la ejecución del crimen, así como $600.000.000 millones adicionales destinados a pagos ilegales dentro del sistema judicial, según el testimonio citado en el proceso.

El homicidio ocurrió en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón, cuando el dirigente político se encontraba en el lugar. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron las labores de recolección de pruebas, entrevistas y análisis de información que condujeron a la identificación de los presuntos responsables.

La Fiscalía señaló que las órdenes de captura buscan avanzar en la judicialización de quienes habrían participado en la planeación y coordinación del ataque. Asimismo, indicó que el cartel de los más buscados será difundido en diferentes regiones del país como parte de las estrategias para dar con el paradero de los señalados.

Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar otros posibles involucrados en el caso y continuar con el proceso de esclarecimiento de los hechos relacionados con el homicidio del dirigente político.

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