Elecciones territoriales de 2027 serán las más complejas y costosas, advirtió el registrador Hernán Penagos

La organización de las elecciones territoriales previstas para octubre de 2027 representará uno de los mayores desafíos operativos para la Registraduría Nacional del Estado Civil, debido tanto al número de candidatos como a la complejidad geográfica y logística de los comicios. Así lo advirtió el registrador nacional, Hernán Penagos, durante el primer debate del presupuesto nacional para 2027 ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República.

Durante su intervención, Penagos explicó que las elecciones regionales tienen unas características particulares que las convierten en uno de los procesos electorales de mayor dimensión para la entidad. En esta oportunidad estarán en juego cargos y corporaciones como gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y Juntas Administradoras Locales.

“Las elecciones regionales son las más difíciles de enfrentar: más de 120.000 candidatos entre miembros de Juntas Administradoras Locales, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. Se trata de unas elecciones con un componente subregional muy importante y, sin lugar a dudas, tienen costos muy altos”, afirmó el registrador.

La magnitud del proceso electoral también tendrá implicaciones en la infraestructura dispuesta para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. De acuerdo con Penagos, para los comicios de 2027 será necesario ampliar el número de mesas de votación, una decisión que hace parte de la planeación logística que deberá adelantar la Registraduría de cara a la jornada electoral.

El funcionario anunció además que el calendario electoral comenzará próximamente con una etapa fundamental para los ciudadanos: la inscripción de quienes necesiten modificar su puesto de votación debido a un cambio de domicilio o residencia. Este proceso permitirá actualizar la información de los electores y preparar la distribución de los ciudadanos en los diferentes puestos habilitados para las elecciones.

Sin embargo, la intervención del registrador ante el Congreso no se concentró exclusivamente en la organización de las elecciones. Penagos aprovechó el debate presupuestal para recordar que la Registraduría tiene responsabilidades que van mucho más allá de los procesos electorales, particularmente en materia de registro civil e identificación de los colombianos.

Según explicó, la entidad cuenta con presencia en todos los municipios del país y dispone de más de 1.207 oficinas distribuidas en el territorio nacional. Esta infraestructura adquiere especial relevancia en regiones donde la presencia institucional es limitada y la Registraduría constituye, en algunos casos, uno de los principales puntos de contacto de los ciudadanos con el Estado.

“La Registraduría tiene presencia en todos los municipios de Colombia y hay más de 1.207 oficinas en todo el territorio nacional. Hay lugares donde la Registraduría prácticamente es la mayor presencia del Estado colombiano”, sostuvo Penagos.

El registrador puso como ejemplo algunas zonas del oriente del país, donde las grandes extensiones territoriales hacen necesario ampliar los puntos de atención para garantizar que los ciudadanos puedan acceder a servicios de identificación y registro civil sin tener que enfrentar desplazamientos excesivamente largos y costosos.

En ese contexto, Penagos alertó sobre la existencia de un número significativo de colombianos que todavía no cuentan con documento de identidad o registro civil. De acuerdo con la cifra presentada durante el debate, entre 600.000 y 800.000 personas podrían encontrarse en esta situación.

El funcionario señaló que el problema del subregistro no se limita a los niños y recién nacidos, sino que también afecta a personas mayores que enfrentan dificultades para acceder a los servicios de identificación, particularmente quienes viven en zonas rurales o apartadas.

Las barreras geográficas y económicas constituyen uno de los principales obstáculos. En algunas regiones, explicó Penagos, llegar hasta una sede de la Registraduría puede requerir desplazamientos por vía fluvial, con costos que resultan prohibitivos para muchas familias.

“Hay lugares del país donde trasladarse a una Registraduría es muy costoso, porque las personas tienen que movilizarse en lanchas y embarcaciones, y el solo traslado puede costar más de un millón de pesos”, enfatizó.

Ante esta realidad, el registrador hizo un llamado a los congresistas de las comisiones económicas para que, dentro de las decisiones relacionadas con el presupuesto nacional, se tenga en cuenta la necesidad de fortalecer las capacidades de la entidad y garantizar su presencia efectiva en todo el territorio.

Penagos insistió en que avanzar en la identificación de los ciudadanos es una tarea fundamental para el Estado y pidió mantener las competencias constitucionales de la Registraduría en esta materia.

“Para el futuro de nuestro país hay que mantener en la Registraduría Nacional del Estado Civil la competencia constitucional de la guarda del registro civil e identificación de los colombianos”, manifestó.