Gobierno de Abelardo De La Espriella sancionó 11 leyes en su primer mes y pone el foco en educación, inclusión y cultura

El Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó a marcar su agenda legislativa con la sanción de un paquete de 11 leyes de la República durante su primer mes de administración. Las normas, que ya entraron en vigencia, abarcan diferentes áreas de interés nacional y regional, desde la protección del patrimonio cultural y la educación hasta la movilidad, la transparencia institucional, la protección animal y el desarrollo de sectores productivos.

Entre las disposiciones firmadas por el mandatario se encuentran varias leyes sancionadas entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre de 2026, con medidas que buscan reconocer expresiones culturales, establecer nuevas políticas públicas y modificar algunas condiciones para el acceso de los ciudadanos a determinados servicios y beneficios. 

Uno de los primeros asuntos abordados fue el reconocimiento del Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico, como patrimonio histórico, étnico y cultural de la Nación. La Ley 2622 del 24 de agosto de 2026 autoriza al Gobierno Nacional a destinar recursos del Presupuesto General de la Nación para el diseño, adquisición de terrenos, construcción y dotación de la Casa Museo Son de Negro.

La legislación también contempla la posibilidad de desarrollar, en conjunto con el departamento del Atlántico y el municipio de Santa Lucía, un concurso para construir un monumento en homenaje al festival. La norma plantea además la realización de actividades culturales, cívicas y académicas y la creación y fortalecimiento de escuelas de formación destinadas a preservar las manifestaciones artísticas, musicales y dancísticas asociadas al Son de Negro. 

Otro de los territorios que recibió un reconocimiento legislativo fue Popayán, Cauca. Mediante la Ley 2623, el Gobierno sancionó disposiciones para rendir honores a la ciudad con motivo de los 500 años de su fundación. La norma contempla un acto especial y protocolario y establece acciones para promover a Popayán como destino turístico, además de impulsar la recopilación y publicación de su historia y la elaboración de un libro por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. 

En materia de movilidad, una de las normas con mayor impacto para las personas con discapacidad es la Ley 2624. Esta establece que los vehículos que habitualmente transporten o sean conducidos por personas con discapacidad estarán exentos de las restricciones de pico y placa que se establezcan en el territorio nacional.

La legislación también busca eliminar requisitos considerados desproporcionados, como la exigencia de registrar o matricular el vehículo en una determinada jurisdicción. El Ministerio de Transporte tendrá un plazo máximo de 60 días para actualizar la reglamentación y posteriormente las autoridades territoriales deberán adecuar sus normas. 

En el ámbito empresarial, otra de las leyes sancionadas establece un nuevo derecho para los arrendatarios de locales comerciales. La Ley 2625 permite que, después de finalizar un contrato de arrendamiento, el comerciante pueda instalar durante un mes un aviso dentro del antiguo establecimiento para informar al público sobre la nueva ubicación y las referencias comerciales del negocio. 

La educación también ocupa un lugar relevante dentro de las nuevas disposiciones. La Ley 2626 amplía el enfoque de la asignatura de Tecnología e Informática para incorporar competencias relacionadas con pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital.

La norma establece además que el Ministerio de Educación deberá revisar y actualizar, al menos cada tres años, los lineamientos curriculares y estándares de competencias de esta área. La actualización deberá considerar asuntos como tecnologías emergentes, ciberseguridad, ética digital y cultura maker. 

En materia de protección animal, la Ley 2627 endurece las sanciones para quienes cometan actos de abuso sexual contra animales. La legislación establece una pena de prisión de 48 a 55 meses, además de inhabilidades, prohibiciones relacionadas con la adquisición y tenencia de animales y multas de entre 30 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La norma contempla excepciones para procedimientos médicos veterinarios, zootécnicos y otros relacionados con el cuidado, diagnóstico, reproducción y productividad animal. 

Otro de los frentes abordados por el paquete legislativo es la inclusión de personas con Trastorno del Espectro Autista y otros trastornos del neurodesarrollo. La Ley 2628 establece mecanismos para facilitar el acceso a programas y servicios de salud, educación, trabajo y otros ámbitos de la vida.

La norma ordena además al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, crear en un plazo máximo de un año una política pública de atención, acompañamiento y protección para esta población. También contempla una red de alta complejidad y centros especializados para la certificación de los diagnósticos, con el objetivo de facilitar el acceso a diferentes beneficios estatales. 

En el sector ambiental y de protección de áreas naturales, la Ley 2629 establece un sistema específico de carrera administrativa para los guardaparques de Parques Nacionales Naturales de Colombia. El propósito señalado por la norma es fortalecer su profesionalización, garantizar su idoneidad y establecer condiciones adecuadas para el desarrollo de sus funciones. 

A este paquete se suma la creación de una Política Pública Nacional para el Multilingüismo, mediante la Ley 2630, con la intención de fortalecer la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua desde la educación inicial hasta la educación superior y reconocer la diversidad cultural y lingüística del país. 

La transparencia también fue incluida en la agenda. La Ley 2631 establece mecanismos para fortalecer la rendición de cuentas de los congresistas. A partir de esta disposición, cada congresista deberá presentar un informe de gestión en formato digital, con datos abiertos y lenguaje claro, dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización de cada legislatura. 

Finalmente, el Gobierno sancionó la Ley 2632, orientada a fortalecer la industria del coco mediante la creación de una Cuota de Fomento del Coco y un Fondo de Fomento a la Coco cultura. La cuota será equivalente al 1 % del valor de venta del coco y sus derivados y deberá recaudarse una sola vez en la primera transacción comercial.