El Gobierno de Estados Unidos intensificó las sanciones contra Cuba tras la firma de una orden ejecutiva que amplió significativamente las restricciones económicas y financieras contra la isla. 

La decisión apuntó no solo a funcionarios del Gobierno cubano, sino también a cualquier persona o empresa, ya se estadounidense o se extranjera, que operara en sectores considerados clave para la generación de divisas.

Las medidas se centraron en áreas como energía, defensa, minería y servicios financieros, pilares de la economía cubana, de acuerdo con lo establecido, quienes mantuvieran actividades comerciales en estos sectores o vínculos con el Estado cubano quedaron sujetos al bloqueo total de sus activos en territorio estadounidense.

Además, la Casa Blanca en cabeza del presidente Donald Trump advirtió que bancos y entidades financieras de terceros países podrían enfrentar sanciones si facilitaban transacciones significativas relacionadas con actores incluidos en estas restricciones. 

Entre las posibles consecuencias incluyeron la cancelación de cuentas en Estados Unidos o la imposibilidad de operar en dólares, lo que extendió el alcance de la medida al sistema financiero internacional.

En la orden ejecutiva, Donald Trump argumentó que las políticas y acciones del Gobierno cubano representaban una amenaza “inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidense. También señaló que dichas prácticas contravenían los valores de las sociedades democráticas.

El nuevo paquete de sanciones marcó un endurecimiento frente a esquemas anteriores, ya que dejó de centrarse exclusivamente en altos cargos del Gobierno y pasó a incluir a ejecutivos, funcionarios de distintos niveles y otros individuos vinculados a sectores estratégicos. Asimismo, se estableció la prohibición de ingreso a Estados Unidos para las personas relacionadas con estas actividades.

La aplicación de las medidas fue inmediata, según la administración estadounidense. Esto respondió a la capacidad de transferir fondos o activos de manera rápida, lo que podría haber permitido evadir las sanciones en caso de una notificación previa.

El anuncio generó respaldo entre varios congresistas republicanos de origen cubano en Florida, entre ellos María Elvira Salazar y Carlos A. Giménez, quienes valoraron la decisión como un paso firme contra el Gobierno de la isla y advirtieron que podrían adoptarse medidas aún más severas si no había cambios en su comportamiento.

Estas acciones se sumaron a una estrategia de presión que Washington había intensificado desde meses atrás, incluyendo restricciones en el suministro de petróleo. En ese contexto, Trump había planteado en varias ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en Cuba.

Desde La Habana, la respuesta fue de rechazo. El Gobierno cubano calificó las sanciones como ilegales y abusivas. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla criticó la decisión y sostuvo que formaba parte de una política de presión contra la isla, en medio de un escenario de tensiones políticas y dificultades económicas.

Días antes de la imposición de estas medidas, Rodríguez había reiterado que Cuba no aceptaría una “paz mediante la fuerza” y defendió el diálogo como la única vía para resolver las diferencias con Estados Unidos, también había atribuido parte de la situación interna del país al endurecimiento de las sanciones y a las restricciones energéticas impuestas desde Washington.

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