Distrito alertó que comunidad Emberá impide acceso de servicios sociales a menores en el Parque Nacional

La Secretaría de Integración Social de Bogotá informó que líderes de la comunidad Emberá, asentada desde el pasado 19 de mayo en el Parque Nacional, bloquearon el acceso de servicios dispuestos por el Distrito a niños, niñas y adolescentes para su atención y cuidado.

De acuerdo con la entidad, cerca de 350 menores hacen parte del asentamiento, de los cuales un promedio de 132 venían asistiendo regularmente desde el 22 de mayo a espacios como el Centro Amar y el Centro Abrazar. Sin embargo, este martes 1 de julio, integrantes de la comunidad impidieron el abordaje de las rutas escolares que trasladan a los menores a dichos centros.

La Secretaría de Integración Social señaló que, según lo manifestado por los voceros indígenas, la decisión responde a que no se ha cumplido con la entrega de mercados ofrecidos por la Unidad para las Víctimas, dependencia del Gobierno Nacional. En ese sentido, condicionaron la movilidad de los menores a que dicha entrega se haga efectiva.

A raíz de esta situación, solo 13 menores lograron acceder a los servicios del Distrito: siete fueron trasladados a Centros Abrazar y seis al Centro Amar, con autorización de sus familias.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, recordó que el interés superior del niño debe prevalecer en cualquier circunstancia, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución y en la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia). Según el funcionario, la participación en los servicios institucionales mitiga riesgos como el trabajo infantil, la mendicidad y otras formas de vulneración.

El Distrito reiteró que la atención brindada no debe estar sujeta a condiciones externas ni utilizadas como mecanismo de presión. Además, señaló que continuará garantizando el transporte, la alimentación y la atención especializada para los menores, con el fin de salvaguardar sus derechos.

Las autoridades hicieron un llamado a permitir el acceso de los menores a los programas sociales, al considerar que su restricción afecta directamente su bienestar, su educación y su protección integral.