Director de la DIAN cuestiona intereses del Congreso tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento

El director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona, se pronunció sobre el reciente hundimiento del proyecto de Ley de Financiamiento impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, criticando duramente los intereses detrás de la decisión del Congreso y señalando la influencia del lobby parlamentario.

Villabona calificó como “inconcebible” que el Congreso haya rechazado una iniciativa que buscaba fortalecer el sistema tributario del país haciéndolo más progresivo, equitativo y eficiente, con medidas enfocadas en combatir la evasión fiscal y el contrabando. Según explicó, el país pierde anualmente más de 100 billones de pesos debido a estas prácticas, afectando directamente la capacidad del Estado para financiar programas sociales en educación, salud y otros servicios públicos.

Entre los puntos destacados del proyecto estaba la limitación al uso de efectivo en transacciones empresariales, que buscaba reducir al 20% la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables en las declaraciones de renta. También se proponían recompensas para quienes denunciaran casos de evasión y contrabando, y se incluían restricciones a las deducciones fiscales de contribuyentes que no estuvieran al día con sus pagos de Retención en la Fuente.

Villabona también hizo énfasis en las implicaciones de no gravar bienes suntuarios asociados a empresas, como casas de descanso y fincas recreativas, las cuales en muchos casos son deducidas como costos empresariales sin relación con la actividad económica de las compañías.

El director cuestionó abiertamente a los congresistas que rechazaron la propuesta, en particular la inclusión de impuestos a las apuestas en línea. “El país debe preguntarse qué intereses tienen los congresistas que rechazaron esta propuesta”, afirmó, señalando que otros sectores como los juegos de azar tradicionales, los licores y los cigarrillos sí pagan impuestos.

Además, el proyecto contemplaba medidas como una reducción progresiva del impuesto de renta para las empresas, pasando del 35% al 30%, y una rebaja de ocho puntos porcentuales para las micro y pequeñas empresas, lo que habría beneficiado especialmente a los sectores más vulnerables. También incluía incentivos como la exención de IVA para hoteles en más de 1.050 municipios del país, un bono para inversiones en energías renovables y alivios fiscales para los morosos de impuestos.