Defensoría del Pueblo pidió moderación en el debate electoral y rechazó denuncias de fraude sin pruebas

A medida que se acerca una nueva jornada electoral, la Defensoría del Pueblo elevó un llamado a los distintos actores políticos del país para que contribuyan a preservar un ambiente democrático, pacífico y respetuoso durante el desarrollo del proceso electoral.

La advertencia de la entidad se produce en un contexto de alta polarización política, marcado por denuncias, señalamientos y acusaciones entre diferentes sectores ideológicos, así como por la circulación de mensajes que cuestionan la transparencia del proceso electoral sin que existan evidencias concluyentes que respalden tales afirmaciones.

En un pronunciamiento público, la Defensora del Pueblo reiteró la importancia de garantizar “la movilización y protesta social en un proceso electoral libre y en paz”, al tiempo que instó a los principales dirigentes nacionales a actuar con responsabilidad frente al momento político que atraviesa el país.

“Invitamos a los candidatos presidenciales, al Presidente de la República, a las altas autoridades del Estado y a los líderes políticos y de opinión a promover mensajes públicos orientados al respeto de la diferencia, la convivencia pacífica y la confianza en las instituciones democráticas”, expresó la funcionaria.

La Defensoría también pidió evitar discursos que puedan contribuir a la polarización o generar desconfianza en el sistema electoral. En ese sentido, insistió en la necesidad de “desincentivar cualquier forma de violencia o estigmatización” y llamó a que las controversias relacionadas con el proceso democrático sean tramitadas exclusivamente a través de los canales institucionales.

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con las denuncias sobre posibles irregularidades electorales. La entidad fue enfática al solicitar que se eviten afirmaciones que puedan afectar la credibilidad de las elecciones sin que existan pruebas suficientes para sustentarlas.

La Defensora señaló la necesidad de “evitar afirmaciones sobre posibles fraudes electorales sin sustento probatorio suficiente” y recordó que cualquier inquietud sobre el desarrollo de los comicios debe ser presentada ante las autoridades competentes mediante los mecanismos legalmente establecidos.

El pronunciamiento coincide con una serie de declaraciones que han elevado la temperatura del debate político en las últimas horas. Entre ellas, sobresalen las críticas formuladas por dirigentes regionales al Gobierno Nacional por supuestas intervenciones políticas y por el manejo de proyectos estratégicos de infraestructura.

En ese contexto, una de las declaraciones que más repercusión ha generado fue la denuncia según la cual en algunas zonas del departamento de Antioquia grupos ilegales estarían ejerciendo presión sobre los electores. En un mensaje público se afirmó que “Desde Angostura, donde los ilegales están constriñendo a los electores para votar por el candidato de izquierda, le digo al presidente Petro que usted perdió hasta la vergüenza”.

El mismo pronunciamiento cuestionó la participación del Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos de infraestructura en la región de Urabá y aseguró que las obras han avanzado principalmente gracias al esfuerzo financiero y administrativo de las autoridades locales. Según esa versión, “Antioquia y Medellín han puesto cerca de 3 billones de pesos para hacer realidad este proyecto”, en referencia a la nueva vía al mar y otras iniciativas estratégicas para la región.

Asimismo, se cuestionó el retraso en la instalación de equipos electromecánicos necesarios para la culminación de algunas obras, atribuyendo la situación a una supuesta falta de gestión por parte del Gobierno Nacional. “Y ahora, a tres días de elecciones, usted sale a colgarse medallas ajenas”, señaló el pronunciamiento.

Frente a este tipo de confrontaciones políticas, la Defensoría del Pueblo insistió en la necesidad de que el debate democrático se mantenga dentro de los cauces institucionales y que las diferencias entre sectores políticos no deriven en escenarios de violencia, intimidación o desconocimiento de las reglas electorales.

La entidad concluyó su llamado reiterando que la fortaleza de la democracia depende del respeto a las instituciones, de la confianza ciudadana en el sistema electoral y de la capacidad de los líderes políticos para tramitar sus diferencias mediante el diálogo y los mecanismos previstos por la Constitución y la ley.