Defensoría del Pueblo pidió esclarecer disparo que dejó gravemente herido a un ciudadano durante desalojo en Palermo, Huila

Un llamado urgente a esclarecer la actuación de integrantes de la Fuerza Pública durante una diligencia de desalojo fue formulado por la Defensoría del Pueblo, luego de que un ciudadano resultara gravemente herido por un disparo en el municipio de Palermo, Huila.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto, durante un procedimiento relacionado con la ocupación de predios de propiedad del municipio. De acuerdo con la información recopilada por la entidad, en medio de la diligencia se produjo un disparo de arma de fuego que dejó con graves lesiones a uno de los ciudadanos presentes en el lugar.

La Defensoría señaló que, según la información conocida hasta ahora, el arma habría sido accionada por uniformados adscritos al Batallón de Artillería No. 9 Tenerife. Sin embargo, el organismo hizo énfasis en la necesidad de establecer mediante una investigación formal qué ocurrió, cuál fue la participación de los integrantes de las Fuerzas Militares y bajo qué circunstancias se produjo el disparo.

En su pronunciamiento, la entidad advirtió sobre la importancia de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones ocasionadas al ciudadano.

"Urge esclarecer los hechos que dejaron a un ciudadano gravemente herido durante una diligencia de desalojo en Palermo, Huila y que presuntamente serían atribuibles a miembros de las Fuerzas Militares", señaló la Defensoría del Pueblo.

El organismo también recordó que las diligencias de desalojo corresponden a actuaciones de naturaleza policial y que, cuando resulta necesario recurrir al uso de la fuerza, deben existir condiciones y procedimientos establecidos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Según la Defensoría, este tipo de procedimientos debe estar acompañado de mecanismos de diálogo con las comunidades, con el propósito de privilegiar soluciones concertadas antes de llegar a escenarios que puedan derivar en confrontaciones.

"Las diligencias de desalojo se desarrollan en el marco de actuaciones exclusivamente de naturaleza policial y, de ser necesario el uso de la fuerza, estas diligencias deben estar precedidas de espacios de diálogo con las comunidades involucradas, procurando privilegiar soluciones concertadas", indicó la entidad.

Uno de los puntos centrales planteados por la Defensoría tiene que ver precisamente con la presencia de integrantes de las Fuerzas Militares durante el procedimiento. El organismo considera indispensable establecer por qué miembros de esta institución se encontraban en el lugar, cuál fue su participación y bajo qué circunstancias terminó produciéndose el disparo que ocasionó las lesiones.

"En este caso, resulta indispensable esclarecer las circunstancias en las que integrantes de las Fuerzas Militares hicieron presencia en el lugar, cuál fue su participación durante la diligencia y en qué condiciones se habría producido el disparo que causó graves lesiones a un civil", precisó la Defensoría.

La entidad agregó que las diligencias de desalojo no constituyen escenarios propios del despliegue de las funciones constitucionales asignadas a las Fuerzas Militares, planteando así interrogantes sobre las condiciones bajo las cuales se produjo la presencia de uniformados del Ejército en el procedimiento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo formuló solicitudes concretas a tres entidades del Estado. En primer lugar, pidió a la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad y rigor las investigaciones correspondientes para establecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades a que haya lugar y precisar las circunstancias en las que el ciudadano resultó herido.

También solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación, para que, dentro de sus competencias y mediante el ejercicio del poder disciplinario preferente, adelante las actuaciones correspondientes frente a la posible participación de servidores públicos en los hechos.

Finalmente, la Defensoría pidió al Ministerio de Defensa Nacional adoptar las medidas necesarias para garantizar que las actuaciones de los integrantes de la Fuerza Pública se desarrollen dentro del ámbito de sus competencias y con respeto estricto por los derechos y garantías fundamentales de la población.

El pronunciamiento pone nuevamente bajo escrutinio la actuación de la Fuerza Pública en procedimientos de recuperación de predios y desalojos, particularmente cuando estos involucran comunidades o ciudadanos que permanecen en los terrenos objeto de las diligencias.

Por ahora, corresponde a las autoridades competentes determinar qué ocurrió durante el procedimiento realizado en Palermo y establecer las responsabilidades individuales e institucionales que puedan derivarse de la investigación.

La Defensoría del Pueblo insistió en que el esclarecimiento de los hechos debe realizarse con celeridad, transparencia y rigor, al tiempo que reiteró la obligación de las instituciones estatales de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos durante cualquier procedimiento de carácter oficial.