Defensoría alertó riesgo para pueblos indígenas en Guainía por disputa de grupos armados

La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 008 de 2026 para advertir sobre el riesgo que han enfrentado varios pueblos indígenas en el departamento de Guainía debido a la presencia y confrontación de grupos armados ilegales en la región.

Especificamente, la advertencia estuvo dirigida a la protección de las comunidades Curripako, Yeral, Baniwa, Sikuani y Puinave, asentadas principalmente en la zona rural de Inírida y en las áreas no municipalizadas de Puerto Colombia, San Felipe, La Guadalupe y Cacahual. 

De acuerdo a lo expuesto por la entidad, estas poblaciones quedaron expuestas a la disputa territorial entre el Frente José Daniel Pérez Carrero del ELN y el Frente Acacio Medina, perteneciente a la disidencia conocida como Segunda Marquetalia.

Se comunicó además que el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría documentó que la confrontación por el control de rutas del narcotráfico y actividades de minería ilegal derivó en la imposición de mecanismos de control social por parte de los grupos armados. Estas prácticas, indicó la entidad, afectaron la autonomía de las comunidades indígenas.

La institución señaló que los ríos de la zona, principales vías de movilidad en la región selvática, se habían convertido en corredores restringidos, incluso, en varios casos se limitó el tránsito de los ciudadanos para actividades de pesca y subsistencia, lo que generó situaciones de confinamiento que impactaron a miles de habitantes.

Por todo esto, se  advirtió también sobre riesgos particulares para la niñez indígena, entre ellos la posibilidad de reclutamiento forzado y la interrupción de actividades educativas debido a amenazas contra docentes en los resguardos.

El organismo recordó que la Corte Constitucional había reconocido desde 2009 que el conflicto armado representaba una amenaza para la supervivencia física y cultural de varios pueblos indígenas, al advertir sobre el riesgo de exterminio que enfrentaban algunas comunidades. Posteriores decisiones judiciales también identificaron nuevos escenarios de riesgo en territorios con baja presencia institucional.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría solicitó una respuesta inmediata y coordinada del Estado. Entre sus recomendaciones, pidió al Ministerio del Interior activar la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas con el fin de orientar y acompañar planes de acción de las entidades responsables.

Asimismo, se solicitó al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública reforzar la seguridad en los ejes fluviales fronterizos, mientras que a la Unidad para las Víctimas le pidió garantizar asistencia humanitaria para las comunidades que pudieran quedar confinadas por el recrudecimiento del conflicto, en el llamado también fue incluyó a la Gobernación de Guainía y a la Alcaldía de Inírida.