Defensoría alertó por impacto del conflicto armado: más de 80 desplazamientos masivos y 44 confinamientos dejaron cerca de 81.000 personas afectadas

La Defensoría del Pueblo dio a conocer un nuevo reporte sobre la situación humanitaria en Colombia durante el primer semestre de 2026, en el que advierte que el conflicto armado continúa generando graves afectaciones sobre la población civil. El balance comprende el periodo entre el "1 de enero al 30 de junio del 2026" y reúne las cifras relacionadas con desplazamientos forzados masivos y eventos de confinamiento registrados en diferentes departamentos del país.

De acuerdo con la información oficial, durante los primeros seis meses del año "hubo 83 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 15.960 personas", una cifra que refleja la permanencia de factores de violencia que obligan a cientos de familias a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad.

El reporte identifica a Norte de Santander como el territorio con el mayor número de personas afectadas por desplazamiento forzado, con 3.854 personas. Le siguen Cauca, con 2.622 afectados; Nariño, con 2.223; Antioquia, con 2.194; Magdalena, con 1.960; Bolívar, con 1.593; Valle del Cauca, con 530; Guainía, con 450; Caquetá, con 164; Meta, con 112; Chocó, con 110; Guaviare, con 79; Atlántico, con 47, y Vichada, con 22 personas afectadas.

La Defensoría también presentó el panorama de los confinamientos, una modalidad de afectación humanitaria que impide a las comunidades desplazarse libremente debido a la presencia, enfrentamientos o amenazas de grupos armados ilegales. Según el informe, "se presentaron 44 eventos de confinamiento, los cuales limitaron la movilidad de 64.787 personas", una cifra que supera ampliamente el número de afectados por desplazamiento forzado y evidencia la magnitud de esta problemática.

Entre los departamentos con mayor número de personas confinadas aparece Putumayo, con 12.646 personas afectadas. Posteriormente se ubican Caquetá, con 11.651; Chocó, con 11.166; Cauca, con 10.672; Antioquia, con 5.705; Bolívar, con 3.882; Norte de Santander, con 3.300; Magdalena, con 2.581; Amazonas, con 2.295; Arauca, con 458; Meta, con 276 y Guainía, con 155 personas afectadas.

Las cifras muestran que varias regiones concentran simultáneamente eventos de desplazamiento y confinamiento, situación que incrementa la vulnerabilidad de las comunidades, limita el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y oportunidades de trabajo, además de dificultar la respuesta institucional en zonas donde persisten las confrontaciones entre actores armados ilegales.

El informe de la Defensoría del Pueblo pone de manifiesto que los departamentos del Pacífico colombiano, el nororiente del país y algunas zonas de la Amazonía continúan siendo escenarios de especial preocupación desde el punto de vista humanitario. En estos territorios, las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas suelen enfrentar las mayores consecuencias de las disputas por el control territorial y las economías ilícitas.

Los datos divulgados por la entidad representan un llamado para que las autoridades nacionales, departamentales y municipales fortalezcan las acciones de prevención, protección y atención integral a las víctimas del conflicto armado. Asimismo, evidencian la necesidad de garantizar corredores humanitarios, facilitar el acceso de las instituciones a las zonas afectadas y brindar acompañamiento oportuno a las comunidades que permanecen confinadas o que han tenido que abandonar sus lugares de residencia.

Con este balance correspondiente al primer semestre de 2026, la Defensoría del Pueblo ratifica que la crisis humanitaria derivada del conflicto armado sigue siendo uno de los principales desafíos para el Estado colombiano. Las cifras de 83 eventos de desplazamiento forzado y 44 eventos de confinamiento, que en conjunto impactaron a cerca de 81.000 personas, reflejan la urgencia de reforzar las medidas de protección a la población civil y de avanzar en estrategias que permitan reducir los riesgos que enfrentan miles de familias en diferentes regiones del país.