Defensora del Pueblo responderá a Federico Gutiérrez tras solicitud de investigar a funcionarios por polémica actividad en Medellín

La controversia por la participación de funcionarios de la Defensoría del Pueblo en una actividad realizada el pasado sábado en Medellín continúa escalando. Luego de que el alcalde Federico Gutiérrez solicitara una investigación disciplinaria contra varios servidores de esa entidad, la defensora del Pueblo, Iris Marín, respondió públicamente al requerimiento y anunció que el caso será atendido de manera institucional.

A través de un pronunciamiento, Marín confirmó que la Defensoría dará una respuesta formal a la comunicación enviada por el mandatario distrital y manifestó su disposición para sostener un encuentro personal con el alcalde durante la próxima semana.

"Señor alcalde, gracias por su comunicación. Daremos la respuesta formal que procede. Mientras tanto, como comentamos y usted ha planteado su disposición, espero que podamos abordar el asunto presencialmente el próximo martes", expresó la defensora.

La funcionaria también aprovechó el mensaje para reiterar cuál considera que es el papel constitucional de la entidad que dirige.

"La Defensoría del Pueblo es y seguirá siendo garante de derechos constitucionales, mediadora y puente en favor de la armonía y la convivencia", afirmó.

El pronunciamiento se produce un día después de que Federico Gutiérrez enviara una solicitud formal a la Defensoría del Pueblo para que investigue la actuación de funcionarios de esa entidad que participaron en una actividad realizada el sábado 4 de julio en la intersección de la avenida Ferrocarril con San Juan, en Medellín.

Según la Alcaldía, durante la jornada se intervino un muro con pinturas y grafitis sin autorización, razón por la cual el gobierno distrital calificó la actividad como un acto de vandalismo contra el espacio público.

Además de la intervención del muro, la administración municipal denunció que durante la actividad fueron distribuidos panfletos alusivos al denominado "Cartel de Argel", organización que, según el alcalde, es investigada a nivel internacional por presuntos vínculos con actividades terroristas.

Frente a estos hechos, Gutiérrez sostuvo que los funcionarios de la Defensoría habrían participado en una actividad ajena a las funciones constitucionales de esa institución y solicitó establecer si existió una actuación irregular por parte de los servidores públicos involucrados.

De acuerdo con la comunicación remitida por el mandatario local, la petición busca que la Defensoría determine si hubo una extralimitación de funciones o una eventual vulneración de los deberes que rigen el ejercicio de los funcionarios de la entidad.

La respuesta de Iris Marín no hace referencia al fondo de las acusaciones ni anticipa conclusiones sobre el comportamiento de los funcionarios señalados. Por el contrario, la defensora indicó que el asunto será atendido mediante los canales institucionales correspondientes y reiteró su disposición al diálogo con la administración distrital.

El encuentro propuesto para el próximo martes podría convertirse en el primer escenario para abordar directamente las diferencias surgidas entre ambas instituciones tras la polémica registrada en el centro de Medellín.

Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones por las implicaciones que tendría la eventual participación de funcionarios públicos en actividades que la Alcaldía considera ilegales y alejadas de las competencias de la Defensoría del Pueblo.

La administración distrital ha insistido en que la investigación debe esclarecer no solo la presencia de servidores de la entidad durante la jornada, sino también las circunstancias en las que se desarrolló la actividad y la eventual responsabilidad de quienes participaron en la intervención del espacio público y en la distribución del material propagandístico.