Fiscalía cerró investigación contra el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón por presuntas irregularidades en contratación

La Fiscalía General de la Nación confirmó el archivo de la investigación que se seguía en contra del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, dentro de un proceso en el que se analizaban presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de contratos durante su periodo como alcalde del municipio de Rionegro.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien concluyó que no existían elementos que permitieran atribuirle responsabilidad penal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y peculado por apropiación, que habían sido objeto de la indagación.

De acuerdo con la información oficial, la actuación investigativa se centró en la revisión de tres contratos asociados a la construcción de los Centros de Atención Inmediata (CAI) ubicados en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio, en el municipio de Rionegro, Antioquia. Estos proyectos fueron desarrollados durante el periodo en el que Rendón ejerció como alcalde, entre los años 2016 y 2019.

Según lo establecido por la Fiscalía, durante el desarrollo del proceso se recopiló información que permitió verificar la existencia de mecanismos formales de supervisión y control institucional sobre los contratos en cuestión. Estos elementos fueron determinantes dentro del análisis jurídico realizado por el despacho delegado, que evaluó la actuación administrativa en el marco de la ejecución de dichos proyectos.

En el curso de la investigación también se examinó la estructura de los procedimientos contractuales relacionados con la construcción de los CAI, así como las etapas de planeación, adjudicación y ejecución de los mismos, con el fin de determinar si se habían presentado irregularidades en el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable.

La Fiscalía señaló que, a partir del material recaudado y del análisis jurídico efectuado, no se evidenciaron conductas que pudieran encajar en los tipos penales objeto de la indagación. En consecuencia, se determinó el archivo de las diligencias, al no encontrarse méritos para continuar con la acción penal en contra del mandatario.

El caso estuvo relacionado con cuestionamientos sobre la legalidad de la contratación para la construcción de los Centros de Atención Inmediata, infraestructura que fue implementada con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en distintos sectores del municipio de Rionegro. Estos espacios estuvieron asociados a la operación de la Policía Nacional en dichas zonas.

En el marco de la investigación, también se tuvo en cuenta la posición del hoy gobernador Andrés Julián Rendón, quien en su momento señaló que los procesos contractuales se adelantaron cumpliendo con los requisitos legales exigidos para este tipo de proyectos de infraestructura pública.

De acuerdo con lo expresado por el propio mandatario en el desarrollo del proceso, la adjudicación de los contratos se realizó bajo los lineamientos establecidos por la normatividad vigente, y su ejecución estuvo orientada a beneficiar a comunidades específicas del municipio mediante el fortalecimiento de la presencia policial en los sectores de Cuatro Esquinas y San Antonio.