David Luna advirtió sobre grave deterioro de seguridad en el Pacífico colombiano y pide estrategia nacional de seguridad

El exsenador y actual precandidato presidencial David Luna lanzó una advertencia sobre la crítica situación de seguridad en la región Pacífica del país. A través de una serie de pronunciamientos públicos, Luna denunció el avance de estructuras criminales en el suroccidente colombiano y exigió una respuesta urgente del Gobierno Nacional.

“Estamos a punto de perder el control total de la región Pacífica a manos de estructuras criminales”, afirmó el dirigente político, al referirse al reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre el deterioro humanitario en el Bajo Calima. Según el exsenador, el Valle del Cauca presenta indicadores alarmantes: es el segundo departamento con más homicidios, el quinto en secuestros, el sexto en extorsiones y el cuarto en asesinatos de líderes sociales. “Y en la región Pacífica, es aún peor: el primero en homicidios y secuestros”, añadió.

Luna subrayó que el accionar de los grupos armados ilegales trasciende las fronteras departamentales. “Las estructuras armadas actúan a escala regional. No conocen fronteras entre departamentos”, dijo, y enumeró a las principales organizaciones presentes en el territorio: disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia, Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. “El Valle del Cauca, corazón estratégico del suroccidente, está en grave, gravísimo riesgo. Si el Estado no actúa ya, se nos va de las manos”, advirtió.

De acuerdo con Luna, existen más de 250 bandas delincuenciales en el Valle del Cauca, muchas de las cuales han sido absorbidas por estructuras armadas mayores, ya sea por alianzas o intimidación. “En el sur, negocian secuestros con disidencias. En el norte, Flacos y Nueva Generación con el Clan. En el centro, la Inmaculada”, puntualizó.

Asimismo, señaló que el departamento enfrenta un proceso de “fragmentación territorial”. Según su análisis, “desde el sur y hacia el centro del Valle avanzan las disidencias de las FARC; desde el norte, el Clan del Golfo se mueve hacia Tuluá y por todo el litoral de Buenaventura”.

Sobre los procesos de paz urbana, Luna fue categórico: “En crisis”. Criticó la falta de liderazgo gubernamental en los procesos con bandas locales como Shottas y Espartanos en Buenaventura, y la inestabilidad en los diálogos en Quibdó, donde “han cambiado tres jefes negociadores en tres meses. La tregua no se renovó”.

El panorama se extiende a otros departamentos. Denunció enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el Cañón de las Garrapatas, Chocó, una ruta clave para el narcotráfico y el tráfico de armas. En Nariño, alertó que “la rentabilidad del oro ilegal está financiando la guerra”, señalando que un kilo de oro puede alcanzar los $426 millones y que grupos como la Segunda Marquetalia y los Comandos de la Frontera extraen hasta 18 kilos al mes.

También advirtió sobre alianzas internacionales: “Estos grupos tienen aliados internacionales: el Cartel de Jalisco (México), Los Lobos (Ecuador). Han llegado al punto de emboscar y asesinar a 11 militares ecuatorianos. ¿Y Colombia? Apenas reacciona”.

Finalmente, Luna reconoció esfuerzos de autoridades locales, pero insistió en la necesidad de una acción desde el más alto nivel del Estado. “La Alcaldía de Cali y la Gobernación hacen esfuerzos, pero esto exige liderazgo nacional”, dijo, y propuso una estrategia de seguridad regional que incluya liderazgo político, libertad de acción para la Fuerza Pública, recuperación territorial y fluvial, así como operaciones de inteligencia y contrainteligencia.

“La guerra es regional. La respuesta debería serlo también. El Pacífico colombiano no puede seguir librando solo una batalla que el Estado no ha querido enfrentar de frente”, concluyó.