Crisis de información en la Sociedad de Activos Especiales
Mientras el ex guerrillero presidente Gustavo Petro busca recursos desesperadamente para su gobierno, el país desconoce el valor de 3.655 propiedades inmuebles que las autoridades le han incautado al narcotráfico. Esto es debido a varios factores, uno de ellos es por el cambio sufrido por la cuestio
Mientras el ex guerrillero presidente Gustavo Petro busca recursos desesperadamente para su gobierno, el país desconoce el valor de 3.655 propiedades inmuebles que las autoridades le han incautado al narcotráfico.
Esto es debido a varios factores, uno de ellos es por el cambio sufrido por la cuestionada ex Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, la cual se liquidó y se transformó en el año 2011 en la Sociedad de Activos Especiales SAE, razón por la cual el director actual de la nueva entidad José Daniel Rojas, declaró que está creando un nuevo inventario junto a la Fiscalía, para remediar el vacío de información que se suscitó años atrás al recibir la documentación de la anterior entidad.
Mientras tanto, el ex insurgente presidente Petro agradece a la Fiscalía estar creando el nuevo inventario.
Otro de los factores que han llevado a un desconocimiento pleno de los inmuebles arrebatados a los delincuentes, son las plataformas de información de las entidades que manejan el inventario de estos activos, las cuales son tres diferentes: La SAE, la Fiscalía y la Rama Judicial.
Sin embargo, mientras se elabora el nuevo registro de los bienes que fueron propiedad de los narcotraficantes, aparece la pregunta ¿cuánto se ha perdido? Es que la falta de datos es realmente preocupante: el 79 % de los inmuebles que administra la SAE no tiene información sobre gestión comercial.
Adicionalmente, una gran cantidad de propiedades, 3.655, están sin avalúo catastral o comercial. A esto se le suman 231 inmuebles que aparecen archivados y que se supone que están en poder de la SAE, pero que en la práctica aparecen como en estado desconocido.
Además, hay 3.700 unidades inmobiliarias que no tienen información de catastro y no se tiene certeza de cuántos predios están ocupados de manera ilegal o fraudulenta y sus habitantes no han sido caracterizados.
Lo que se pretendió solucionar con la liquidación de la DNE, terminó convirtiéndose en un remedio que ha resultado peor que la enfermedad. En el año 2014 se le entregó un importante volumen de información a la SAE, pero no se hizo el archivo de bienes y más de 500 de ellos no tenían registro según el director José Daniel Rojas Medellín. En consecuencia, la entidad reportó un descuadre gigantesco, lo que se constituirá en un nuevo frente de confrontación, conociendo la conducta habitual del gobierno en el poder, que acude frecuentemente al retrovisor cuando las cosas no le salen.
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