Contraloría General investigará uso de la caja menor en la Alcaldía de Daniel Quintero

La Contraloría General de la República anunció que asumirá de manera directa la investigación sobre el presunto manejo irregular de la caja menor en la Alcaldía de Medellín durante el periodo de gobierno de Daniel Quintero Calle (2020-2023). La decisión se tomó bajo el radicado ORD-80112-1861-2025, luego de revisar informes de auditoría de la Contraloría Distrital y de tener en cuenta indagaciones disciplinarias en curso por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Según los reportes, se habrían identificado posibles irregularidades en el uso del fondo fijo del despacho del Alcalde, el cual, de acuerdo con la normativa, está destinado exclusivamente a cubrir gastos menores, urgentes e imprevistos. Entre los hallazgos preliminares figuran consumos en restaurantes de alto costo, compras en floristerías, panaderías, supermercados, así como registros de doble cobro de viáticos y pagos de gastos que no cumplen con el carácter excepcional exigido para este mecanismo.

El uso de la caja menor está regulado por el Decreto 1645 de 2006, que establece su aplicación únicamente en casos donde no es posible tramitar otros mecanismos contractuales. Sin embargo, los informes señalan que durante la administración Quintero se habría generado un uso rutinario de este recurso para cubrir consumos personales y gastos frecuentes, lo cual podría constituir una violación a los principios de legalidad y eficiencia en la gestión de recursos públicos.

Además de la actuación de la Contraloría General, la Procuraduría mantiene en curso un proceso disciplinario contra el exalcalde y su exsecretaria privada, María Camila Villamizar. La investigación busca determinar si existió una transgresión a los principios de moralidad administrativa en el manejo de la caja menor.

Con la asunción de competencia por parte del ente fiscalizador nacional, se podrán practicar nuevas pruebas, solicitar documentos y recabar testimonios que permitan establecer si hubo detrimento patrimonial. De comprobarse, el caso podría dar lugar a un proceso de responsabilidad fiscal contra los exfuncionarios implicados, así como a posibles sanciones económicas e inhabilidades.

Se desconoce su la aplicación de la competencia por el ente nacional, desplazando al ente distrital, corresponde a la lentitud con el que presuntamente se estaba desarrollando la investigación en la Contraloría Distrital o si, por el contrario, son las acciones de lobby de los quinteristas para que se trasladara el proceso a Bogotá, como se sabe qué han hecho con varios de los casos que involucran a Daniel Quintero, a fin de buscar beneficios que le mantengan en impunidad.

Las investigaciones que cursan contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se han convertido en un frente judicial de amplio alcance que compromete tanto su gestión como a varios de sus exfuncionarios. A esta investigación que el exmandatario enfrenta en un proceso disciplinario y fiscal por el presunto uso irregular de la caja menor en su despacho, en el que se habrían cubierto gastos personales y rutinarios que no cumplen con los criterios de urgencia e imprevisibilidad exigidos por la ley, se le suman otras investigaciones por presuntos hechos de corrupción durante su administración que continúan en la Contraloría Distrital.

A este panorama se suma que, durante la administración Quintero, al menos 43 exfuncionarios y contratistas han sido imputados por diferentes delitos relacionados con la contratación estatal. Los procesos judiciales apuntan a presuntas irregularidades en obras públicas, convenios interadministrativos y manejo de recursos destinados a proyectos estratégicos de la ciudad, desvío de recursos para la niñez, carrusel de contratación, entre otros. Entre las acusaciones figuran contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Estos casos reflejan un patrón de cuestionamientos alrededor de la transparencia en el manejo administrativo durante los cuatro años de gobierno.

El propio Daniel Quintero se encuentra ad portas de un juicio por presuntas irregularidades cometidas en su administración. La Fiscalía ha señalado posibles transgresiones a principios de moralidad y eficiencia en la gestión pública, lo que podría llegar al hoy precandidato presidencial, a la Cárcel. De ser hallado responsable, el exalcalde no solo enfrentaría sanciones económicas e inhabilidades para ejercer cargos públicos, sino que también vería comprometido su futuro político, en un momento en el que mantiene presencia activa en el debate nacional. Estos procesos marcan un capítulo clave en la evaluación jurídica y política de su paso por la Alcaldía de Medellín.

Este nuevo frente judicial de responsabilidad fiscal, se suma a otros procesos en curso que enfrenta Quintero, y abre la puerta a eventuales compulsas de copias a la Fiscalía, en caso de hallarse indicios de conductas con relevancia penal.