Contraloría advirtió que decreto para trasladar pensiones a Colpensiones sería inviable

La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la inviabilidad jurídica y los riesgos fiscales del proyecto de decreto que propone trasladar recursos pensionales desde fondos privados hacia Colpensiones.

En un comunicado oficial, el órgano de control señaló que, tras un análisis preliminar del borrador presentado por el Ministerio de Trabajo, se identificaron riesgos que podrían comprometer la destinación del ahorro pensional. “Los recursos del ahorro pensional se conviertan en gasto corriente”, advierte el documento, al referirse a una de las principales preocupaciones frente a la iniciativa.

El proyecto busca reglamentar el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones, en el marco del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Sin embargo, la Contraloría fue enfática en señalar que, bajo la normativa vigente, dicha medida no podría aplicarse.

“El traslado total de los recursos acumulados a Colpensiones implicaría que los dineros destinados originalmente al ahorro pensional de largo plazo se utilicen para financiar gasto corriente asociado al pago de mesadas”, indicó la entidad.

Además, advirtió sobre el impacto fiscal de esta medida: “Este escenario podría generar un incremento del pasivo pensional del Estado, al sustituir sostenibilidad de largo plazo por un alivio fiscal de corto plazo”, lo que, según explicó, trasladaría cargas a las futuras generaciones. En esa línea, concluyó: “La obligación futura del Estado permanece, pero se reduce el ahorro disponible para financiarla”.

De acuerdo con las cifras presentadas, con corte a febrero de este año se han trasladado 119.496 personas del RAIS al RPM, con recursos cercanos a los $24,7 billones. De ese total, 18.507 personas ya tienen derecho a pensión, mientras que 100.989 aún no lo han adquirido.

Frente a este panorama, la Contraloría fue contundente: “No resultaría jurídicamente viable ordenar el traslado de la totalidad de los recursos correspondientes a las 119.496 personas”, teniendo en cuenta que la mayoría aún no ha consolidado su derecho pensional.

El organismo también alertó que actualmente no existe un mecanismo institucional para recibir dichos recursos, debido a que el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo —al que deberían dirigirse— aún no ha entrado en operación. “No existiría un mecanismo institucional para recibir los recursos a trasladar”, puntualizó.

En ese sentido, concluyó que “la implementación del proyecto de decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo es inviable”, al contradecir lo establecido en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y su decreto reglamentario.

Cabe recordar que esta ley se encuentra actualmente suspendida y bajo revisión de la Corte Constitucional, lo que añade un elemento adicional de incertidumbre jurídica al futuro de la reforma pensional en Colombia.