Consejo Gremial advirtió riesgo de deterioro económico por impuesto al patrimonio y pidió intervención de la Corte Constitucional

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, lanzó una advertencia sobre las posibles consecuencias económicas derivadas de la aplicación del impuesto al patrimonio para personas jurídicas, contemplado en el Decreto Legislativo 173 de 2026.

Según la dirigente gremial, el país podría enfrentar un escenario crítico en el corto plazo si se mantiene esta medida. “Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes, si se mantiene el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, establecido en el Decreto Legislativo 173 de 2026. Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse”, afirmó.

En su pronunciamiento, Gutiérrez señaló que el impacto de este gravamen afectaría directamente al sector productivo, al considerar que no corresponde a un esquema eficiente de recaudo. “Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, agregó.

La presidenta del Consejo Gremial también cuestionó la creación de nuevos tributos mediante mecanismos excepcionales, especialmente en un contexto de incremento del gasto público. “La creación de nuevos tributos por vías excepcionales resulta aún más preocupante cuando coincide con un crecimiento acelerado del gasto público. El gasto de funcionamiento —incluida la nómina y la contratación—, así como el gasto primario, han venido aumentando de forma sostenida, sin que eso se traduzca en mejores resultados”, sostuvo.

En esa línea, insistió en la necesidad de una política fiscal equilibrada que priorice el control del gasto antes de aumentar la carga tributaria al sector empresarial. “Una política fiscal responsable no puede trasladar más cargas al sector empresarial sin antes agotar medidas de austeridad, control del gasto y un equilibrio adecuado en las cargas”, puntualizó.

Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a la Corte Constitucional de Colombia para que intervenga frente a estas disposiciones. “Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional la suspensión urgente de estas medidas para evitar perjuicios irremediables. Se trata de decisiones que no resisten un análisis serio ni desde el derecho ni desde la economía. Defender la Constitución es también proteger la estabilidad empresarial, el empleo y la viabilidad económica del país”, concluyó.