Consejo de Estado admite demanda de nulidad contra Directiva de la Fiscalía que flexibiliza el actuar de la Fuerza Pública en protestas

El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad presentada por la senadora María Fernanda Cabal, del Partido Centro Democrático, en contra de la Directiva 0001 de la Fiscalía General de la Nación, emitida por la fiscal Luz Amalia Camacho. La directiva, que ha generado una amplia controversia, busca disminuir la intervención de la Fuerza Pública y fiscales en hechos de violencia durante las protestas sociales, y ha sido interpretada como un mecanismo para proteger a los jóvenes de la llamada «Primera Línea».

Cabal argumenta que la directiva no solo contraviene la Constitución al flexibilizar los parámetros que definen lo que es delito en el contexto de las protestas, sino que también relativiza el ejercicio de la justicia, comprometiendo el deber constitucional de proteger la vida, los bienes y la honra de los ciudadanos. Según la Senadora, esta resolución está en sintonía con el compromiso del presidente Gustavo Petro de no judicializar las manifestaciones, una promesa hecha durante su campaña presidencial.

La demanda fue presentada en un momento crucial, ya que el mismo presidente Petro ha venido convocando y animando a la ciudadanía a participar en protestas para defender su mandato, lo que para muchos se percibe como una estrategia de presión social ante la situación política actual. En este contexto, la Directiva 0001 es vista como una concesión que favorece a los sectores más radicales de la protesta, al reducir las medidas punitivas contra quienes incurren en actos violentos, en donde la fiscal Camacho le hace caso al Presidente como si este fuera su jefe, violando la separación de poderes.

El documento cuestionado, según la interpretación de la senadora Cabal, debilita la respuesta institucional frente a las manifestaciones violentas, erosionando el principio de autoridad y generando incertidumbre sobre los límites entre el ejercicio legítimo del derecho a la protesta y la comisión de delitos. Para Cabal, la Fiscalía, al emitir esta directiva, estaría renunciando a su responsabilidad de salvaguardar el orden público y proteger a la ciudadanía en su conjunto debilitando a la justicia.

El Consejo de Estado, al admitir la demanda, abre la puerta a un análisis profundo sobre la constitucionalidad de la directiva, que ahora será sometida a estudio bajo los tiempos que establece la ley. Se espera que, en los próximas semanas, el alto tribunal tome una decisión que podría tener profundas implicaciones en la manera en que se manejan las protestas y la actuación de la Fuerza Pública en el país.

La admisión de esta demanda es vista por sectores opositores como una oportunidad para frenar lo que consideran una politización de las instituciones judiciales en favor del gobierno de turno, mientras que para otros, la directiva representa un avance en la protección de los derechos humanos durante las manifestaciones.

Este caso se suma al debate nacional sobre la legalidad y el alcance de las manifestaciones sociales, así como la necesidad de equilibrar el derecho a la protesta con la preservación del orden público.