Con tropiezos y a contra el reloj, avanza debate sobre ley de sometimiento en el Congreso

En una jornada marcada por la tensión política y la urgencia legislativa, el Congreso de la República avanza en el debate crucial sobre la ley de sometimiento, la iniciativa bandera del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella que busca reemplazar la política de la "Paz Total" de la administración anterior. La ley debe estar aprobada y sancionada a más tardar este miércoles 4 de noviembre, fecha en la que vence la actual Ley 418.

Mientras la plenaria del Senado de la República se dispone a votar el articulado de la ley, han surgido voces de alerta incluso desde sectores que podrían considerarse cercanos al debate. El senador Alejandro Ocampo, quien se desempeña como vicepresidente del Senado y es del Pacto Histórico, lanzó una advertencia sobre el contenido del proyecto. Según Ocampo, el texto presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella parece estar "diseñado a la medida de los bufetes de abogados penalistas".

El senador Ocampo fundamentó su crítica en que el articulado actual elimina las figuras de voceros y facilitadores, dejando al abogado defensor como el único intermediario válido en el proceso de sometimiento. Además, señaló con preocupación que el proyecto no estableció una sola regla clara sobre conflictos de interés, por esto, se supo que el congresista radicó un total de 56 proposiciones que buscan modificar casi la totalidad del articulado para corregir lo que considera fallas estructurales que podrían beneficiar intereses particulares.

El retiro de la bancada del Pacto Histórico

La jornada legislativa no ha estado exenta de controversias políticas. Durante la votación de la ley de sometimiento, se produjo un quiebre con la bancada del Pacto Histórico, los senadores Carolina Corcho y Wilson Arias anunciaron previamente su retiro del recinto, una acción que fue seguida por el resto de sus compañeros de bancada.

Este movimiento provocó un llamado de atención por parte del presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien lamentó la desintegración del cuórum por parte de este sector político de oposición en un momento tan definitivo para la seguridad jurídica del país.

Vale recordar que la senadora Corcho ha sido una de las críticas más férreas, afirmando que la propuesta actual "no somete a nadie", mientras que otros senadores como Ariel Ávila han cuestionado la necesidad de reglamentar el sometimiento individual cuando ya existen herramientas legales como el principio de oportunidad.

Avances en la Cámara de Representantes

Por otro lado, la plenaria de la Cámara de Representantes logró un avance significativo en la noche del lunes festivo. Con una votación de 99 votos a favor y 39 en contra, se aprobó el informe de ponencia de la ley. Este trámite, liderado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, es el paso previo necesario para entrar a discutir y votar cada uno de los artículos que componen la norma.

La sesión en la Cámara fue extensa y requirió de maniobras procedimentales para asegurar su validez. Inicialmente, se rechazaron proposiciones que buscaban archivar el proyecto o aplazar su discusión. Hacia las 9:20 de la noche, se obtuvo una primera votación favorable, pero la mesa directiva, presidida por Nicolás Barguil, decidió reabrirla 30 minutos después para evitar posibles vicios de trámite que pudieran derivar en una futura declaratoria de inconstitucionalidad por parte de las cortes. Finalmente, a las 10:30 de la noche, el resultado quedó en firme, habilitando a la corporación para el debate del articulado.

¿Qué propone el nuevo régimen de sometimiento?

El proyecto de ley tiene como objetivo principal modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997 (Ley de Orden Público). Esta norma es la que otorga al Estado las herramientas necesarias para enfrentar el conflicto armado y gestionar la seguridad nacional. El nuevo texto crea un régimen de sometimiento, tanto individual como colectivo, para los integrantes de grupos armados ilegales.

Para acceder a los beneficios, los grupos o individuos deberán cumplir con requisitos estrictos: entrega de armas, suministro de información veraz, entrega de bienes para la reparación y el cese total de actividades ilícitas. A cambio, el proyecto contempla los siguientes beneficios y condiciones:

• Rebajas de pena: Hasta el 50% para integrantes de base y hasta el 30% para quienes hayan ocupado posiciones de mando.

• Condicionalidad: Los beneficios están sujetos a la aportación de la verdad y la reparación efectiva a las víctimas.

• Modelos de reclusión: Se contempla la creación de centros de arraigo transitorio, colonias agrícolas o cárceles productivas.

• Operatividad estatal: El establecimiento de zonas de concentración delimitadas no implicará, bajo ninguna circunstancia, el cese de operaciones de la Fuerza Pública, ni la suspensión de órdenes de captura o procesos de extradición vigentes.

Debido al mensaje de urgencia enviado por el Ejecutivo, el proyecto se tramita de manera simultánea en ambas cámaras. El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, ha defendido la iniciativa calificándola como un "sometimiento puro y duro", marcando una distancia clara con las políticas de paz del pasado. Sin embargo, desde la oposición, figuras como Catherine Juvinao han pedido una revisión más profunda del alcance real de la ley.

Pero, el cronograma es extremadamente ajustado. Si los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes presentan diferencias, se deberá proceder a una conciliación el miércoles 4 de noviembre. Una vez unificado el texto, el presidente Abelardo de la Espriella deberá proceder a la sanción presidencial de forma inmediata.

La urgencia radica en que, si la prórroga de la Ley 418 no se sanciona a tiempo, quedarían en un limbo jurídico herramientas vitales para el Estado, tales como el programa de protección de testigos de la Fiscalía General de la Nación y el funcionamiento del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), administrado por el Ministerio del Interior.

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella?

La iniciativa busca modificar la Ley de Orden Público para crear un régimen de sometimiento individual y colectivo de grupos armados, ofreciendo rebajas de pena de hasta el 50% a cambio de la entrega de armas, bienes e información.

¿Por qué el Congreso debe aprobar esta ley antes del 4 de noviembre?

El proyecto corre contra el reloj porque en esa fecha vence la actual Ley 418, y de no prorrogarse, quedarían en un limbo jurídico herramientas clave como el programa de protección de testigos y el Fondo Nacional de Seguridad.

¿Cuáles son las principales críticas y obstáculos que enfrenta el debate?

El senador Alejandro Ocampo denunció que el texto parece diseñado para beneficiar a bufetes de abogados penalistas, mientras que la bancada del Pacto Histórico se retiró del recinto en señal de protesta.