Amenazas contra el rector y cinco educadores dejaron sin clases a 2.200 estudiantes en Puerto Libertador, Córdoba

Según la información las amenazas comenzaron a llegar por teléfono celular desde el domingo 1 de noviembre. Al rector, Andrés Arrieta López, le exigieron renunciar a su cargo bajo la advertencia de ser "secuestrado, amarrado y estar tres días con sus noches sin comer". El interlocutor dijo pertenecer al Clan del Golfo, la organización armada que se denomina a sí misma Ejército Gaitanista de Colombia y que tiene presencia en el sur de Córdoba. Hasta el momento no se ha establecido si todas las llamadas provienen de la misma fuente.

La mañana del martes, los educadores amenazados no se presentaron a la institución por temor, y las directivas decidieron suspender las actividades académicas. "No reanudarán las clases hasta tanto no les solucionen la situación a los amenazados", señaló el rector al medio barranquillero. De acuerdo con Arrieta, la medida afecta a los 2.200 estudiantes del colegio.

El caso ya está en conocimiento del Gaula de la Policía en Córdoba, la unidad especializada en secuestro y extorsión, y de la Secretaría de Educación Departamental. Al cierre de esta edición no se conocían pronunciamientos públicos de estas entidades, del Ministerio de Educación Nacional ni de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor) sobre medidas de protección o traslados.

Según se indicó la situación en el plantel se tensionó desde el 28 de octubre, cuando un estudiante desapareció; al parecer el mismo reporte, el joven ya se encuentra con su familia en Cereté. Además, otros cuatro docentes de la institución fueron amenazados durante este año y abandonaron el colegio; el diario ubica esos hechos entre abril y julio.

La Institución Educativa Germán Gómez Peláez está ubicada en la cabecera municipal de Puerto Libertador y funciona en tres sedes: la principal, en el barrio Palmira; la sede Siete de Septiembre y la sede Simón Bolívar. Según su sitio web oficial, sus orígenes se remontan a 1974, cuando se construyeron sus dos primeras aulas.

No es la primera vez que la violencia toca a este plantel. En 2015, según registros la construcción de la sede Siete de Septiembre, impulsada por una alianza entre la Fundación Argos, el Ministerio de Educación y la Fundación Telefónica, tuvo que detenerse porque grupos armados ilegales exigieron dinero para permitir que la obra avanzara. Finalmente, la sede se terminó y llegó a beneficiar a más de 550 alumnos.

El sur de Córdoba, que incluye municipios como Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré, forma parte de las zonas priorizadas para el posconflicto mediante los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En abril de 2021, Ademacor denunció que cerca de 633 docentes que habían ganado el concurso de méritos para trabajar en esos municipios estaban siendo amenazados por grupos armados.

En mayo de 2023, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) denunció, al parecer panfletos atribuidos al Clan del Golfo que exigían la renuncia de docentes en Bolívar y Sucre en un plazo de 24 horas. En ese momento, el sindicato pidió a la Fiscalía una investigación y al Ministerio de Educación garantías para el ejercicio de la labor docente.

Cuando un maestro o directivo es amenazado, la normativa colombiana prevé mecanismos como la reubicación temporal o el traslado por razones de seguridad, que deben tramitar las secretarías de educación con el aval de un comité especial. Mientras esas medidas se definen, el cierre de un colegio tiene efectos directos sobre el derecho a la educación: interrumpe el calendario académico, los programas de alimentación escolar y, en zonas de conflicto, el papel de la escuela como espacio de protección para niños y adolescentes.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué se suspendieron las clases en la Institución Educativa Germán Gómez Peláez?

La medida se tomó de forma indefinida luego de que el rector, dos coordinadores, dos docentes y la psicoorientadora recibieran amenazas de muerte telefónicas. Los delincuentes exigieron la renuncia del rector bajo la advertencia de ser secuestrado.

¿Quiénes serían los responsables de estas intimidaciones?

Las llamadas fueron realizadas por personas que se identificaron como integrantes del Clan del Golfo, organización armada que también se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia. Este grupo tiene una fuerte presencia criminal en el sur del departamento de Córdoba.

¿Cuál es el impacto de esta situación para la comunidad educativa?

La suspensión de actividades deja sin clases a 2.200 estudiantes de las tres sedes del colegio ubicado en Puerto Libertador. Además, se suma a un historial de violencia en la zona donde otros cuatro docentes ya habían abandonado el plantel este año por amenazas.

¿Qué acciones han tomado las autoridades frente a las denuncias?

El caso fue puesto en conocimiento del Gaula de la Policía y de la Secretaría de Educación de Córdoba para iniciar las investigaciones. No obstante, el rector aseguró que no retomarán labores hasta que se garantice la seguridad y se defina la situación de los educadores afectados.