Comisión Primera del Senado aprueba en primer debate el cierre de la JEP para 2028

En una jornada decisiva para el futuro de la justicia transicional, la Comisión Primera del Senado de la República aprobó en primer debate el proyecto de Ley que busca establecer un límite definitivo al funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa legislativa pretende que el tribunal termine sus funciones en marzo del otro año, cumpliendo así con el plazo inicial de 10 años estipulado desde su entrada en operación.

Este proyecto de ley, cuya autoría original corresponde al senador Enrique Gómez, tiene como objetivo principal frenar la extensión automática de cinco años que estaba contemplada en el acto legislativo original. Con esta decisión, el Legislativo busca dar un mensaje de celeridad y cierre a los procesos derivados del acuerdo de paz, evitando que la jurisdicción se prolongue indefinidamente en el tiempo.

Durante la discusión en la Comisión Primera, el proyecto recibió el respaldo necesario tras la inclusión de tres modificaciones fundamentales presentadas por la senadora María Clara Posada y su bancada del Centro Democrático. Estas proposiciones buscan, según sus autores, ajustar el funcionamiento del sistema y brindar mayores garantías a los sectores involucrados.

Al respecto, la senadora Posada se refirió al avance de la iniciativa y destacó el impacto de los cambios introducidos: "Se acaban de aprobar unas modificaciones al sistema tradicional de Justicia y en particular tres proposiciones del Centro Democrático que llegan a contribuir favorablemente con generar un equilibrio que ha sido negado a los miembros comparecientes de la fuerza pública", afirmó la congresista.

De igual manera, la senadora explicó detalladamente los tres ejes centrales de sus proposiciones aprobadas:

• Grado jurisdiccional de consulta: Se busca que las sentencias condenatorias emitidas por la JEP tengan trámite al grado jurisdiccional de consulta y, por ende, sean conocidas y revisadas por la Corte Suprema de Justicia.

• Control de tutelas: La segunda modificación establece que las acciones de tutela interpuestas contra las providencias emitidas por la JEP sean conocidas también por la Corte Suprema de Justicia, eliminando la figura de la sala especial que actualmente cumple esa función.

• Eliminación de prórrogas: La tercera medida consiste en eliminar una sala creada específicamente para el seguimiento que permitía extender el funcionamiento del sistema por 20 años más tras el fin del periodo inicial.

La respuesta de la JEP: las víctimas sobre la mesa

Ante el avance de esta iniciativa en el Congreso, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió un pronunciamiento oficial en el que advierte sobre las posibles consecuencias de un cierre anticipado. Según el tribunal, el "Proyecto de ley que busca anticipar el cierre de la JEP plantea serios riesgos para los derechos de las víctimas y la justicia transicional".

La institución enfatizó varios puntos críticos que, a su juicio, desestabilizarían el modelo de justicia actual. En primer lugar, la JEP señaló que "la reducción de la duración de la JEP a diez años, esto es, hasta marzo de 2028, podría comprometer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, al imponer un cierre improrrogable y definitivo, sin garantizar que los procesos judiciales hayan concluido".

Asimismo, se advirtió que trasladar los procesos que queden pendientes a la justicia ordinaria afectaría la garantía constitucional del juez natural. Para la JEP, esto implicaría "desmantelar el modelo de justicia transicional, al sustituir la jurisdicción especializada creada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado".

Otro de los puntos de preocupación fue la esfera internacional, pues la JEP sostuvo que un cierre prematuro "podría comprometer los compromisos internacionales de Colombia y reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional". Además, alertó sobre la carga operativa que esto representaría, al "trasladar procesos de alta complejidad a una justicia ordinaria que ya enfrenta graves problemas de congestión".

Finalmente, el tribunal de paz recordó que la vigencia de la justicia no dependía únicamente de la existencia de una entidad, advirtiendo que "la terminación de una jurisdicción no equivale a la culminación de la justicia. Cualquier reforma debe asegurar que los derechos de las víctimas, las garantías de los comparecientes y las obligaciones del Estado colombiano no queden comprometidos por la imposición de un plazo improrrogable".

Preguntas y respuestas de contexto

¿En qué consiste el proyecto aprobado por la Comisión Primera del Senado?

Se trata de una iniciativa que busca limitar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hasta marzo de 2028, eliminando la posibilidad de prórrogas automáticas para que cumpla exactamente 10 años de operación.

¿Qué cambios principales se introdujeron en el debate?

Se aprobaron modificaciones para que la Corte Suprema de Justicia revise las sentencias condenatorias y las tutelas de la JEP, además de suprimir una sala que permitía extender el sistema por 20 años adicionales.

¿Cuál es la posición de la JEP frente a esta iniciativa?

El tribunal advirtió que un cierre prematuro pone en riesgo los derechos de las víctimas a la verdad y reparación, podría reactivar el escrutinio de la Corte Penal Internacional y congestionaría la justicia ordinaria con procesos complejos.