Bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá se abstendrá de reunión con el alcalde Galán y cuestionó estrategia de seguridad

La bancada del Pacto Histórico en el Concejo de Bogotá anunció que se abstendrá de asistir a la citación convocada por el despacho del alcalde Carlos Fernando Galán, en el marco de una carta abierta en la que expone cuestionamientos sobre la política de seguridad de la actual administración.

El pronunciamiento, fechado el 19 de marzo de 2026, surge como respuesta a declaraciones recientes del mandatario distrital en medios de comunicación, en las que ha atribuido la situación de inseguridad en la ciudad a fallas del sistema judicial. Según recoge la misiva, Galán ha señalado que “el 95% de las personas que se capturan quedan en libertad”, lo que, a su juicio, limita la capacidad de respuesta frente al delito.

Frente a este planteamiento, la bancada indicó que “sin una reforma judicial que endurezca penas y procedimientos, no puede mejorarse la seguridad de la ciudad”, postura que califican como una línea argumentativa reiterada por el alcalde, incluso en encuentros con congresistas electos.

En el documento, los concejales aseguran que esta narrativa contrasta con posiciones previas de la administración distrital. “Esta línea narrativa es nueva respecto de las que anteriormente había propuesto su administración”, señalan, al tiempo que recuerdan que en otros momentos se atribuyó la inseguridad al Gobierno nacional o a un problema de percepción.

Asimismo, el bloque político cuestionó los resultados presentados por la Alcaldía en materia de seguridad. Aunque reconocen los anuncios sobre la reducción de delitos de alto impacto, advierten que “en sus dos años de administración se han presentado las cifras más altas de homicidio desde hace casi 10 años”, además de un aumento en la extorsión y en las lesiones personales.

En ese contexto, también hacen referencia a las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, indicando que “hoy es prácticamente imposible cumplir con las metas” planteadas en materia de seguridad.

Otro de los puntos abordados en la carta es la supuesta falta de herramientas técnicas y legislativas. Sobre esto, la bancada sostiene que “es su administración, y no la Nación, la que ha limitado esas posibilidades”, y asegura que desde el inicio de la gestión se propusieron alternativas como el fortalecimiento del programa AIDE, con el fin de que operara de manera permanente y acompañara los procesos penales de la ciudadanía.

En el documento también se plantea la necesidad de un enfoque integral en la política de seguridad. Según la bancada, se requiere articular acciones con políticas sociales, fortalecer la prevención, promover el diálogo social y enfrentar las economías ilegales que operan en la ciudad.

De igual forma, insistieron en la importancia de una mayor coordinación con el Gobierno nacional para enfrentar el crimen organizado y avanzar en estrategias de paz urbana. No obstante, señalaron que “se ha privilegiado la confrontación política”, lo que, según indican, ha demostrado ser ineficaz.

La carta advierte sobre un deterioro en las condiciones de seguridad en Bogotá. “La ausencia de comprensión y actuación integral de lo que ocurre en la ciudad (…) tiene hoy a Bogotá sumida en un escenario crítico de inseguridad”, señalaron, mencionando el aumento del sicariato y cambios constantes en la estrategia de la fuerza pública.

Como parte de sus conclusiones, la bancada hizo un llamado directo al alcalde para que evalúe cambios en su equipo de gobierno. En particular, lo invitan a solicitar la renuncia del secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, al considerar que es “el responsable de una de las carteras con peores resultados de su administración”.

Finalmente, los concejales justificaron su decisión de no asistir a la reunión convocada por la Alcaldía. “La bancada del Pacto Histórico ha decidido abstenerse de asistir a la citación convocada por su despacho”, afirmaron, y añadieron que los espacios de diálogo deben basarse en “la seriedad, la evidencia y la disposición real de corregir el rumbo”, condiciones que, según indican, actualmente no están garantizadas.