Acción popular podría frenar construcción del nuevo estadio El Campín en Bogotá

La construcción del nuevo estadio El Campín, que se proyecta al costado del actual escenario y con capacidad para 50.000 espectadores, enfrenta un nuevo obstáculo jurídico tras la radicación de una acción popular por parte de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

El proyecto, presentado como una alianza público-privada entre el Distrito y la empresa Sencia, contempla la modernización de la zona para acoger eventos internacionales y actividades de la industria del entretenimiento. La obra reemplazaría el plan original de renovación del actual estadio.

Pedraza reiteró sus denuncias sobre lo que considera un desfavorable reparto de las ganancias de la concesión, que se extendería por cerca de tres décadas. Según la congresista, el Distrito recibiría únicamente el 1% de los beneficios, de los cuales solo podría disponer libremente de una quinta parte, ya que el resto debería destinarse a seguros y otros riesgos, de acuerdo con la Contraloría Distrital.

En sus declaraciones, la parlamentaria señaló que no se realizó un análisis económico contractual previo y que su acción popular busca que esos recursos se utilicen para infraestructura de parques, fomento del deporte y distribución de beneficios en las 20 localidades de Bogotá.

Además, indicó que, con base en hallazgos de la Contraloría, se pretende que la Alcaldía renegocie con el concesionario para ajustar los términos y cuantificar el aporte real de la ciudad.

Por su parte, Edgar Cardona, vicepresidente de experiencia y operaciones de Sencia, calificó la denuncia como un desacierto y sostuvo que el Distrito será el principal beneficiado. Explicó que la obra generará más de 2.500 empleos directos en su fase de construcción y más de 7.000 en la etapa operativa.

Cardona afirmó que todos los ingresos por explotación comercial se administrarán a través de una fiducia controlada por el Estado, el cual verificará el cumplimiento de estándares de calidad establecidos por el IDRD.

Señaló que, de no cumplirse esos parámetros, se aplicarán sanciones y reducciones en los pagos, y que la ley establece un incremento progresivo en la retribución para el Estado.