Abogado de la familia de Kevin Arley pidió al Congreso cancelar salida del país de Gustavo Petro

Una nueva solicitud dirigida al Congreso de la República puso nuevamente en el centro de la discusión la situación judicial relacionada con la muerte del menor Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida en Bogotá el pasado 13 de febrero. El documento, fechado en agosto de 2026 y dirigido al presidente del Senado, Honorio Henríquez Pinedo, solicita que se cancele la salida del país del presidente Gustavo Petro Urrego, argumentando que existen actuaciones investigativas en curso que ameritarían su permanencia en territorio colombiano.

La petición fue presentada por Manuel Vicente Villanueva Luis, quien asegura actuar en calidad de apoderado de Yudi Caterine Pico Naranjo, madre del menor fallecido. En el documento se expone que la muerte de Kevin Arley se habría producido luego de una complicación médica relacionada con la falta de suministro de emicizumab, medicamento utilizado para prevenir o reducir la frecuencia de episodios hemorrágicos en personas con hemofilia A.

El abogado sostiene que el medicamento estaba bajo responsabilidad de la Nueva EPS y atribuye a la falta de suministro una relación directa con el fallecimiento del menor. El escrito señala expresamente que “esta omisión por parte de la Nueva EPS, quien tenía bajo su responsabilidad este suministro generó la muerte de KEVIN ARLEY”.

La comunicación también cuestiona las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente al sistema de salud durante la administración de Gustavo Petro. Según el documento, el Ejecutivo intervino la Nueva EPS desde el 3 de abril de 2024 mediante la Resolución 2024160000003012-6, actuación que, en concepto del solicitante, habría afectado la atención de los usuarios y la situación financiera del sistema.

A partir de estos argumentos, el representante de la familia sostiene que la investigación penal ha avanzado hasta involucrar distintas instancias institucionales. El documento afirma que la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en el marco de las actuaciones relacionadas con el caso.

Uno de los puntos centrales de la solicitud es precisamente la afirmación de que dentro del proceso investigativo se adelantan actuaciones por los delitos de homicidio del menor, violación de datos agravado y homicidio culposo. El escrito sostiene que, como resultado de las diligencias, se habrían encontrado “serios indicios de la responsabilidad de GUSTAVO PETRO en esos hechos”.

La afirmación, sin embargo, corresponde al contenido de la solicitud presentada ante el Congreso y deberá diferenciarse de una eventual decisión judicial. La existencia de una investigación o de una denuncia no equivale a una declaración de responsabilidad penal, por lo que cualquier determinación sobre los hechos y las responsabilidades individuales corresponde a las autoridades judiciales y competentes dentro del debido proceso.

La petición fue radicada ante la Presidencia del Congreso y tiene como asunto específico la “solicitud cancelar salida del país del Dr. Gustavo Petro Urrego”. En el documento se invoca además la condición del presidente como jefe de Estado y responsable de orientar las políticas públicas en materia de salud como uno de los argumentos para solicitar que se adopten medidas frente a su eventual salida del territorio nacional.

El caso de Kevin Arley Acosta Pico vuelve así a generar cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de salud, el suministro oportuno de medicamentos para pacientes con enfermedades complejas y las responsabilidades que puedan derivarse de decisiones administrativas relacionadas con la prestación de servicios médicos.