40 años de la toma del Palacio de Justicia: Los pronunciamientos de Petro reavivan la polémica

Este 6 y 7 de noviembre, Colombia recuerda los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, uno de los episodios más violentos y dolorosos en la historia del país.

En la memoria de los colombianos está el momento en el que un comando de 35 guerrilleros del M-19 irrumpió en el edificio ubicado en el centro de Bogotá, y se tomó como rehenes a Magistrados y funcionarios judiciales. El operativo militar dejó alrededor de 100 muertos, 11 Magistrados asesinados y al menos 12 desaparecidos, de los cuales aún no se tiene rastro.

A lo largo de los años, las versiones sobre lo ocurrido han estado divididas entre la responsabilidad del grupo insurgente y la del Estado. Sin embargo, los recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro, quien militó en el M-19 aunque no participó directamente en la toma, pues estaba detenido por porte ilegal de armas, han reavivado el debate sobre la interpretación histórica de los hechos.

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Petro ha defendido en múltiples ocasiones una visión particular sobre la operación, la cual, según él, surgió como respuesta al incumplimiento del proceso de paz que su organización había firmado con el gobierno de Belisario Betancur en 1984. Desde entonces, el mandatario ha negado que la toma haya sido financiada por el narcotráfico o que Pablo Escobar haya tenido algún tipo de injerencia para frenar decisiones judiciales sobre extradición.

Las declaraciones más recientes del jefe de Estado, hechas a través de redes sociales y entrevistas, volvieron a generar controversia y desatado críticas por parte de las familias de las víctimas. En una de ellas, aseguró que “ningún Magistrado tiene disparos provenientes de las armas del M-19”, contradiciendo versiones judiciales y testimonios.

También reiteró que los asesinatos de algunos Magistrados habrían sido cometidos por el Ejército Nacional y no por la guerrilla, al señalar que varios de ellos “llevaban procesos judiciales contra mandos militares”.

Las palabras del mandatario han sido rechazadas en diferentes oportunidades, sobre todo cuando durante una entrevista en un medio de comunicación calificó la operación como una “genialidad” y luego lo negó. En 2002, en una entrevista concedida a Caracol Radio, Petro describió el operativo del M-19 como una acción “liderada por el genio de Luis Otero”, uno de los comandantes de la toma.

En su libro Prohibido olvidar, publicado en 2006, también hace referencias similares. Sin embargo, en 2010 cambió su versión, calificando la toma como “un acto de estupidez”.

Durante su comparecencia ante la Comisión de la Verdad, Petro insistió en que la acción del M-19 fue una respuesta a lo que consideraban una traición del Gobierno de la época. En su testimonio, aseguró que el operativo buscaba una “demanda armada” para denunciar el incumplimiento de los acuerdos de paz, y reiteró que la versión sobre la participación del narcotráfico era “una invención del Estado para ocultar la decisión de aniquilar a los magistrados”.

Las afirmaciones del mandatario han generado reacciones entre sectores judiciales y familiares de las víctimas, que consideran sus declaraciones una forma de minimizar la responsabilidad de la guerrilla en los hechos.

Recientemente, el mandatario se pronunció en redes sociales sobre algunos de los hechos, lo que generó reacciones de familiares de las víctimas y de sectores judiciales que insisten en la responsabilidad directa del grupo insurgente. Petro afirmó que el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán era amigo de uno de los líderes guerrilleros, comentario que fue rechazado por su hija, Helena Urán, quien recordó que su padre salió con vida del Palacio bajo custodia militar y fue hallado muerto horas después.

Por primera vez en la conmemoración de esta fecha, el presidente no fue invitado al acto central que se realizará este 7 de noviembre en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía. El magistrado Octavio Augusto Tejeiro explicó que la ceremonia será “un acto íntimo de la rama judicial y los familiares de las víctimas”, sin connotaciones políticas.

Los actos conmemorativos incluyen una instalación artística llamada Sintiendo la memoria, la proyección de un mapping sobre la fachada del Palacio y una ceremonia oficial encabezada por las altas cortes. El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, señaló que el homenaje busca “mantener viva la memoria y reclamar la verdad completa de lo ocurrido”.

A pesar de las décadas transcurridas, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia. En los muros reconstruidos del Palacio Alfonso Reyes Echandía aún resuenan las palabras del magistrado asesinado: “Que cese el fuego”. Cuatro décadas después, su llamado continúa siendo símbolo de una verdad que el país sigue buscando.

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