Risaralda en busca de mecanismos de inversión privada para acelerar la reconstrucción

El gobernador Juan Diego Patiño explicó que el departamento trabaja en la estructuración de proyectos mientras busca nuevos mecanismos de financiación que permitan acelerar la recuperación de las familias y de la infraestructura deteriorada. Durante su participación en el Congreso de ACOPI, el mandatario departamental destacó el papel de las pequeñas y medianas empresas en la reactivación económica de Risaralda y planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento al sector productivo, especialmente en los municipios que registraron mayores afectaciones.

De acuerdo con el balance presentado por el gobernador, la emergencia dejó alrededor de 73.000 familias afectadas y más de 5.000 viviendas completamente colapsadas. Además, algunos municipios registraron daños de hasta el 35 % de sus viviendas.

La infraestructura considerada prioritaria también sufrió consecuencias. Entre los escenarios mencionados se encuentran hospitales y el Aeropuerto Internacional Matecaña, que presentó afectaciones asociadas al movimiento sísmico. Con este panorama, la administración departamental concentra ahora sus esfuerzos en la formulación y planificación de proyectos para iniciar las obras de recuperación. El gobernador señaló que la reconstrucción tendrá un costo significativo y requerirá recursos durante los próximos años.

Uno de los mecanismos que busca impulsar el departamento está relacionado con la participación del sector privado. Patiño señaló que existen herramientas contempladas por el Gobierno nacional que permitirían canalizar inversión empresarial hacia las zonas afectadas y contribuir a la recuperación de infraestructura.

La propuesta adquiere especial relevancia por el peso que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía regional. Según lo expuesto por el mandatario, este segmento representa una parte importante de las empresas asentadas en Risaralda y concentra una proporción significativa de los empleos y de la actividad económica.

La emergencia también impactó a establecimientos productivos, comerciantes y empresarios que debieron enfrentar daños y dificultades para mantener sus actividades. Por esta razón, la recuperación económica hace parte de las prioridades planteadas por la Gobernación.

En este proceso, la administración departamental trabaja con las cámaras de comercio de Dosquebradas, Pereira y Santa Rosa de Cabal. El objetivo es articular a los pequeños empresarios, establecer rutas de reactivación y facilitar condiciones que permitan recuperar la actividad productiva en los municipios afectados.

Las administraciones municipales también adelantan acciones dentro de sus respectivos territorios. La Gobernación busca complementar estos esfuerzos mediante proyectos departamentales y mecanismos de articulación con el sector privado y el Gobierno Nacional.

El Congreso de ACOPI se convirtió, en este contexto, en un escenario para exponer las necesidades del departamento ante representantes del sector empresarial. La Gobernación planteó la importancia de contar con acompañamiento para que las pequeñas y medianas empresas puedan continuar operando y participando en la recuperación económica.

En cuanto a la atención de las familias afectadas, el gobernador informó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó un primer giro por $13.925 millones, con corte al 24 de agosto. Estos recursos hacen parte de las acciones destinadas a atender a los damnificados.

La administración departamental espera un segundo desembolso que permita ampliar la cobertura de las ayudas dirigidas a las personas afectadas. La llegada de nuevos recursos es uno de los asuntos que actualmente se encuentran en seguimiento por parte de las autoridades regionales.

Patiño también señaló que la Gobernación está pendiente de los decretos reglamentarios que definan mecanismos adicionales para que las entidades territoriales puedan acceder a recursos y ejecutar las acciones necesarias en las zonas afectadas.

En relación con el Gobierno Nacional, el gobernador manifestó que ha existido coordinación con la Presidencia, la Vicepresidencia y los diferentes ministerios durante la atención de la emergencia. Según indicó, funcionarios del nivel nacional han realizado visitas al departamento y han acompañado el proceso de recuperación.

La siguiente fase estará concentrada en convertir los diagnósticos de daños en proyectos concretos y definir las fuentes de financiación para su ejecución. Para Risaralda, el proceso contempla tanto la recuperación de viviendas e infraestructura pública como la reactivación del tejido empresarial.

El papel de las mipymes ocupa un lugar central en esta estrategia debido a su participación en la generación de empleo y en el movimiento de la economía departamental. La articulación con las cámaras de comercio y las alcaldías busca establecer mecanismos que permitan a los empresarios mantener sus actividades y contribuir a la recuperación de los municipios.

La Gobernación mantiene el llamado a fortalecer la participación del sector empresarial y a garantizar la llegada de nuevos recursos públicos. Mientras tanto, las autoridades departamentales y municipales continúan trabajando en la identificación de necesidades y en la formulación de las iniciativas que deberán orientar la reconstrucción durante los próximos años.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Cuál es el objetivo principal de Risaralda en esta nueva etapa?

El objetivo es acelerar la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por el sismo, enfocándose en la planificación, estructuración de proyectos y la búsqueda de nuevos mecanismos de financiación.

¿Qué magnitud de afectaciones dejó el sismo en Risaralda?

El sismo dejó alrededor de 73.000 familias damnificadas, más de 5.000 viviendas completamente colapsadas y daños en infraestructura prioritaria como hospitales y el Aeropuerto Internacional Matecaña.

¿Cómo planea Risaralda financiar la reconstrucción?

El departamento busca impulsar la participación del sector privado mediante herramientas del Gobierno nacional y espera un segundo desembolso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ya realizó un primer giro.