ATENCIÓN: Contratistas del Metro de Bogotá denuncian incumplimientos en pagos y exigen soluciones al consorcio chino

En medio de las crecientes tensiones por la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, el Consorcio Proyecto Metro (CPM), representado por la firma De la Espriella Lawyers, denunció serios incumplimientos en los pagos por parte del consorcio chino Metro Línea 1 S.A.S., encargado de liderar el proyecto. En una carta enviada al alcalde Carlos Fernando Galán, representantes del Banco Mundial y otros actores clave, los contratistas solicitaron una reunión urgente para evitar la suspensión de la obra.

El documento, firmado por Lucy Osorno Sánchez, abogada de la firma, señala: “Solicitamos reunión de carácter urgente previo a poner en marcha la aplicación del Capítulo 19 de resolución de disputas del contrato”. Según lo expuesto, los incumplimientos no solo afectan el pago de las obligaciones, sino que también evidencian problemas de coordinación con el consorcio chino, lo que ha retrasado significativamente los avances del proyecto.

La carta incluye detalles clave, como la falta de pagos relacionados con los costos operativos, y subraya que estos incumplimientos impactan la estabilidad de la obra. Además, la abogada enfatizó que las irregularidades obligan a considerar acciones legales de mayor alcance si no se logra un acuerdo.

La comunicación también fue enviada a Yang Qiwu, Project Director del consorcio chino; Antonio Jesús Díaz, Country Manager de Ayesa Interventoría Metro; y altos funcionarios del Banco Mundial como Peter Siegenthaler y Eduardo Somensatto, quienes desempeñan un papel crucial en la financiación y supervisión del proyecto.

El Consorcio Proyecto Metro busca una pronta solución que garantice la continuidad de esta obra prioritaria para Bogotá, mientras críticas recaen sobre el presidente Gustavo Petro por no prestar atención a estos problemas y priorizar temas como el Tren Bala en sus declaraciones públicas.

Los contratistas esperan que esta reunión permita establecer medidas concretas y evitar que las dificultades escalen a un conflicto legal que podría comprometer el futuro del proyecto de infraestructura más importante de la capital.