Asesinato de Miguel Uribe Turbay: Razones jurídicas y políticas por las que se cataloga como magnicidio
El senador y precandidato presidencial murió el 11 de agosto en Bogotá
En la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá. El asesinato del senador es considerado por diversos sectores como un magnicidio, al tratarse de un ataque intencional contra una figura de alta relevancia política y pública en ejercicio de sus funciones.
Aunque el término no está contemplado de manera expresa en el Código Penal Colombiano, se emplea para describir la muerte violenta de líderes o autoridades cuya posición tiene un impacto significativo en la vida institucional del país. En este caso puntual, la víctima era un congresista en ejercicio y aspirante a la Presidencia de la República.
El ataque fue perpetrado por un adolescente de 15 años que, según su confesión, recibió una promesa económica a cambio de dispararle mientras pronunciaba un discurso en un parque de la capital colombiana.
El hecho ha sido calificado por distintos sectores como un magnicidio, término que, de acuerdo con la Real Academia Española, designa la muerte violenta de una persona de gran relevancia en la vida pública, ya sea por el cargo que desempeña o por su influencia política o social.
En el ámbito jurídico, la tipificación aplicable corresponde al homicidio agravado, contemplado en el artículo 104 del Código Penal. Esta figura se configura, entre otros casos, cuando la víctima es un servidor público, defensor de derechos humanos, periodista o miembro de una organización política, o cuando el crimen obedece a un lucro, promesa remunerativa u otro motivo abyecto.
En el caso de Uribe Turbay, se cumplen ambas circunstancias, su condición de senador en ejercicio y la motivación económica declarada por el presunto autor material.
La muerte de Uribe Turbay reavivó el recuerdo de otros asesinatos de alto impacto político en Colombia. Un hecho como este no se registraba desde hace tres décadas, con el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, líder político y candidato presidencial, ocurrido en agosto de 1989.
También forman parte de esta lista hechos como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, entre otros, todos considerados magnicidios por su naturaleza y repercusión nacional.
El caso actual ha abierto un debate en torno a la calificación jurídica de crímenes contra figuras políticas y la responsabilidad penal de menores de edad involucrados en hechos de alto impacto.

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