38 Juristas rechazaron decisión judicial que ordenó detención inmediata de Álvaro Uribe

A través de un comunicado público, el Grupo de los 38, conformado por juristas colombianos, expresó su «profunda preocupación y desconcierto» frente a la decisión de la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la privación inmediata de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a pesar de que la sentencia aún no está en firme.

Los abogados firmantes cuestionan que esta medida de detención preventiva, según lo expresado en el documento, «contraviene los estándares de derechos humanos establecidos en los tratados internacionales y en la Constitución», al considerar que se aplica una medida excepcional sin que existan los requisitos jurídicos que la sustenten.

“La privación de la libertad personal, antes de la ejecutoria de la sentencia, es una medida de carácter excepcional”, señala el grupo, y advierte que solo debe aplicarse cuando se justifique plenamente el riesgo de fuga, la obstrucción a la justicia o la no comparecencia del acusado al proceso penal. En el caso de Uribe, afirman, “no existen en derecho motivos legítimos que justifiquen la privación de libertad”.

El comunicado critica que se haya argumentado la existencia de “actos dilatorios” por parte de la defensa como razón para imponer la medida, y considera “incomprensible” que se satanice el uso de recursos procesales sin demostrar cómo estos pondrían en riesgo el proceso. “El ejercicio pleno del derecho de defensa es una garantía procesal que no puede ser interpretada como una estrategia dilatoria”, se lee en el texto.

Asimismo, los firmantes rechazan que la juez invoque un presunto riesgo de fuga, dado que, según afirman, el expresidente Uribe ha comparecido “sin falta a todas las audiencias y citaciones judiciales en las que fue solicitado”.

Los juristas también advierten que la decisión representa una violación al principio de igualdad ante la ley: “En procesos similares, y conforme a la práctica judicial en Colombia, los acusados tienen la posibilidad de defenderse en libertad”. A juicio del colectivo, se trata de “una medida tan extrema, que no se sustenta ni en el análisis de riesgo de fuga, ni en la obstrucción a la justicia, ni en la peligrosidad del acusado”.

El documento sostiene que esta actuación se aparta de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y constituye una forma de “justicia expedita que no respeta las garantías procesales del acusado”.

Más aún, el Grupo de los 38 asegura que “esta decisión indica la politización del juicio” y pone en duda la imparcialidad de la jueza, señalando que “la función del juez es garantizar que se haga efectiva la ley, sin ceder a presiones políticas, ideológicas o mediáticas”.

Finalmente, los firmantes hacen un llamado urgente a las altas cortes para que revisen la medida con “independencia, imparcialidad y rigor jurídico”, y concluyen con una advertencia sobre los efectos de este tipo de decisiones:
“El Estado democrático de Derecho acusa una mortal amenaza si se permite que la justicia sea utilizada con fines ruines como, por ejemplo, servir de instrumento de persecución política.”

El comunicado está firmado por Amir Nayi Abushihab Collazos y José Vicente Ángel, en representación del Grupo de los 38.