Petro está incurso en delito. Por: Bernardo Henao Jaramillo

La reciente publicación de Gustavo Petro en su cuenta de X, donde reveló la ubicación de un campamento del ELN antes de borrar el mensaje, es un acto de imprudencia que raya en lo delictivo. Más allá de la torpeza comunicativa habitual del Presidente, esta acción expone una peligrosa irresponsabilidad con consecuencias potencialmente graves para la seguridad nacional, la política de paz y las relaciones internacionales de Colombia.

Desde el punto de vista legal, la difusión de información estratégica sobre grupos armados ilegales se debe interpretar como una violación de normas de seguridad nacional, comprometiendo operaciones militares o procesos de inteligencia. Incluso si no existiera dolo en la publicación, lo que resulta dudoso, esto no lo exime de responsabilidad.

Este episodio deja en evidencia el descontrol y la imprudencia con la cual el presidente Petro maneja su comunicación en redes sociales. No es la primera vez que el mandatario postea sin medir las repercusiones de sus escritos, pero esta vez el error trasciende lo político para convertirse en un riesgo tangible para el país. En un contexto donde su gobierno insiste en diálogos de paz con el ELN, exponer su ubicación solo contribuye a tensar las negociaciones y genera dudas sobre la seriedad del Ejecutivo en el manejo del conflicto.

El hecho de que haya borrado la publicación no lo exime de responsabilidad. Un jefe de Estado no puede permitirse cometer este tipo de errores estratégicos, y mucho menos escudarse en la eliminación del mensaje como si eso hiciera desaparecer el problema. La filtración ya ocurrió, y las consecuencias, sean políticas, militares o diplomáticas, ya están en marcha.

Este episodio se suma a una larga lista de decisiones cuestionables que muestran a un Presidente que gobierna irresponsablemente más con su cuenta de X que con las instituciones del Estado. La diferencia es que esta vez no solo ha causado una polémica mediática, sino que ha puesto en riesgo la seguridad del país y ha incurrido en un presunto delito muy grave como es la traición a la Patria.

Según el Código Penal Colombiano, el delito de traición a la patria (Artículo 455) se configura cuando un ciudadano, en tiempos de guerra, proporciona al enemigo información, recursos o apoyo que perjudique la seguridad del Estado o facilite las operaciones de grupos hostiles. Aunque Colombia no está formalmente en guerra lo que se predica entre estados, tiene con el ELN, que es un grupo armado ilegal, una permanente confrontación. La revelación de la ubicación del mismo, sea por imprudencia o de manera deliberada constituye una afectación de la seguridad nacional.

Para que Petro sea judicialmente responsable por traición a la Patria, se requiere demostrar que su publicación favoreció al enemigo de manera consciente y por supuesto que el acto se cometió con dolo. Si bien el mensaje fue producto de una aparente imprudencia y luego fue eliminado, el daño ya estaba hecho: alertó al ELN y posiblemente frustró una operación estatal. Aun si no se configura el delito de traición, podría analizarse bajo el prisma de revelación de secreto oficial (Artículo 419 del Código Penal), si se comprueba que la información tenía carácter reservado. Los militares activos dejaron conocer su descontento por el hecho de la publicación.

En cualquier caso, este acto de irresponsabilidad no puede considerarse un simple error. Un Presidente no es un ciudadano común en redes sociales; sus declaraciones, aun impulsivas, tienen implicaciones en la seguridad nacional.

Más allá de lo penal lo político es también muy grave. La conducta en cuestión socava la confianza (la poca que nos quedaba) en el jefe del Estado y en sus capacidades y pone en riesgo la estabilidad de la Nación.

El Artículo 455 del Código Penal Colombiano establece el delito de traición a la Patria, y al revisar el documento en SUIN-JURISCOL, se observa que esta norma sigue vigente. Esto significa que la tipificación del delito sigue existiendo.
Hay que profundizar si Gustavo Petro con su irresponsable comunicación efectivamente benefició a un enemigo declarado del Estado en un contexto de conflicto armado interno.
¿Gustavo Petro favoreció al ELN? ¿Frustró una operación militar? ¿Comprometió la seguridad nacional? Todos los indicios están en su contra.

En conclusión, el delito de traición a la Patria sigue vigente en Colombia, y aunque la publicación de Petro es altamente imprudente y podría investigarse bajo esta figura, la dificultad radica en probar que actuó con la intención de favorecer al ELN y perjudicar a Colombia. Para el común de los ciudadanos, no cabe duda que esa conducta debe ser materia de investigación bajo otras normas, como revelación de secreto oficial o abuso de función pública.

Si bien Mindefensa y el Director de la Policía Nacional aseguran que el trino de Petro no dañó las operaciones contra el ELN, lo cierto es que un grupo de reservistas no lo consideró así y actuaron en consecuencia, presentando la correspondiente denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.