(OPINIÓN) Memorando binacional viola nuestra soberanía. Por: Bernardo Henao Jaramillo

Los desaciertos del gobierno de Gustavo Petro ya no sorprenden. Sus ministros no respetan los límites de sus carteras e invaden competencias ajenas, como ocurrió el pasado 17 de julio, cuando, a través de funcionarios sin facultades legales, el gobierno firmó con la dictadura de Nicolás Maduro un supuesto “memorando de entendimiento” para establecer una zona económica binacional en la frontera colombo-venezolana.

Lo que, en apariencia, parece un gesto de integración regional y cooperación económica, constituye en realidad un acto de ilegalidad institucional, desprecio por la soberanía jurídica y complicidad tácita con un régimen ilegítimo.

Comencemos por lo elemental: ¿Quién firmó este acuerdo? No fue el Canciller colombiano, como lo ordena la Constitución en su artículo 189.2. Tampoco lo hizo un Embajador acreditado. No hubo representación alguna de los departamentos o municipios fronterizos. Quienes firmaron fueron la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, y, de manera insólita, el jefe del Gabinete presidencial, Alfredo Saade un personaje sin ninguna competencia constitucional en materia de relaciones exteriores

Ambos suscribieron abusivamente y sin estar legalmente facultados un documento que pretende trazar nuevas zonas de desarrollo binacional y cooperación intergubernamental. Esto no solo es irregular: es inconstitucional y quizás hasta presuntamente delictivo.

Más grave aún, el texto del memorando aunque se presenta, por razones que deben investigarse, como “no vinculante” incluye compromisos que implican el uso de recursos públicos, cooperación técnica entre agencias estatales, intercambio de información oficial y la creación de instancias binacionales de seguimiento.

¿Desde cuándo un “memorando informal” puede ordenar la creación de nuevas figuras administrativas binacionales sin pasar por el Congreso ni por la Cancillería, y sin siquiera convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? La respuesta es clara: nunca.

La legalidad no se construye con eufemismos diplomáticos, sino con respeto por los procedimientos y límites del Estado de derecho.
A esta cadena de irregularidades se suma un hecho aún más grave: el memorando fue suscrito con un régimen ilegítimo. Nicolás Maduro no ha sido reconocido como Presidente legítimo por decenas de países y organizaciones internacionales, incluida hasta hace poco la propia Colombia.

Su régimen ha sido denunciado por crímenes de lesa humanidad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y fraudes electorales. Firmar acuerdos con su gobierno no solo representa un giro moral inaceptable, sino que convierte al Estado colombiano en cómplice institucional de una dictadura.

¿Dónde está el control político? ¿Dónde está la Cancillería? ¿Dónde está el Congreso? Este tipo de acuerdos, por más que se disfracen de “memorandos”, deben ser objeto de revisión y control constitucional. No se puede instaurar una diplomacia paralela desde la Casa de Nariño ni validar políticas fronterizas que podrían vulnerar los derechos de los habitantes del Norte de Santander o favorecer intereses del régimen venezolano, exponiendo peligrosamente nuestra integridad territorial.

La frontera no necesita acuerdos oscuros. Necesita legalidad, seguridad y transparencia. Lo ocurrido con este memorando constituye, en esencia, una burla al orden institucional colombiano, un retroceso en la defensa de la democracia regional y un peligroso precedente para la política exterior del país.

Los memorandos se pueden romper. Pero los principios constitucionales no. Permitir que se pisoteen en silencio es también una forma de traición, más aún cuando parecen olvidarse las advertencias del pasado sobre el afán expansionista de Hugo Chávez.

Durante los primeros años del chavismo, el régimen venezolano impulsó un discurso orientado a reivindicar territorios que hoy y por siempre pertenecen a Colombia, en particular La Guajira, Arauca y la franja del Catatumbo. Chávez evocó repetidamente la idea de la “Gran Colombia” como justificación ideológica para cuestionar los límites fronterizos actuales.

Prueba de esa pretensión abusiva fueron las cartillas escolares y la propaganda oficial distribuidas en escuelas venezolanas durante la era Chávez, que mostraban a La Guajira como parte del territorio venezolano.

Estas publicaciones fueron denunciadas en Colombia, pero nunca enfrentaron una respuesta diplomática contundente. Esta manipulación cartográfica evidencia una visión expansionista y revisionista que socava los tratados internacionales vigentes, Chávez utilizó el legado de Bolívar para sustentar una visión de integración geopolítica que, en la práctica, implicaba la subordinación ideológica y estratégica de los países vecinos, especialmente Colombia. Este discurso fue acogido por sectores radicales del chavismo, incluyendo a figuras como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

El régimen chavista, además, ha sido señalado por brindar protección en su territorio a grupos armados ilegales colombianos como el ELN, disidencias de las FARC y, más recientemente, la Nueva Marquetalia. Esta protección no solo representa una amenaza directa a la seguridad nacional, sino que facilita una ocupación de facto en zonas fronterizas, debilitando el control del Estado colombiano.

En resumen, ese memorando de entendimiento entre el gobierno de Petro y la dictadura de Maduro carece de legitimidad. La firma de este tipo de acuerdos con un régimen autoritario que no tiene transparencia ni ofrece ninguna garantía institucional, abre la puerta a concesiones que podrían afectar gravemente la integridad territorial, especialmente si se incluyen cláusulas sobre delimitación marítima o cooperación militar en la frontera.