Testigos clave en el caso de Aníbal Gaviria, declararán en su contra

Complejo panorama en el proceso judicial que se adelanta en contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por presuntas irregularidades en un contrato para la mejora y pavimentación de la Troncal de la Paz que se firmó en su anterior administración como mandatario del departamento. Se conoció que en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación concedió principio de oportunidad a dos procesados por irregularidades en dicha contratación.

El principio fue aplicado a José Ignacio Narváez Mora, quien era la persona que representaba el Consorcio Troncal de la Paz en las diferentes reuniones en las que se modificó el contrato, y también se firmó principio de oportunidad a beneficio de Luis Fernando Solarte Viveros, contratista del contrato adicional.

Con el acuerdo, Narváez y Solarte se comprometieron con la Fiscalía a declarar en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa en el proceso que está en la Corte Suprema de Justicia, de igual forma a testificar en contra de Margarita María Ángel Bernal, secretaria de infraestructura física para el momento de los hechos, Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora Territorial de la Secretaria de Infraestructura Física.

Desde diferentes sectores políticos y de la opinión pública antioqueña, ya se escuchan voces que piden la renuncia del mandatario, para que permita que el departamento pueda desarrollar los planes de desarrollo correctamente, pues gobernar el departamento por encargo limita los procesos y estanca a la región. Dicen que lo más sensato es una renuncia responsable con Antioquia y que así podría, además, dedicarse a su defensa, pues esos mismos sectores, confían en su inocencia.

Sobre el principio de Oportunidad

Es un instrumento constitucional de la política criminal del Estado, cuya aplicación solo es posible mediante la ponderación de los intereses del Estado, de la sociedad y de los intervinientes en el proceso penal. Es la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para renunciar al ejercicio de la acción penal.