Sigue escándalo. Petro firmó concesión de mina de oro que invadió batallón militar en Cáceres

La formalización de una concesión minera en el municipio de Cáceres, Antioquia, volvió al centro del debate público tras conocerse nuevos detalles sobre su otorgamiento y el contexto en el que se produjo. La mina, conocida como La Mandinga, está ubicada a escasa distancia del batallón Rifles No. 31, una unidad militar cuya misión incluye combatir estructuras criminales asociadas a economías ilegales.

La controversia surge luego de que se conocieran revelaciones periodísticas sobre la existencia de actividades de explotación de oro en el área, presuntamente vinculadas a grupos ilegales. A esto se suma que, según documentos oficiales, el Ejército Nacional había advertido desde finales de 2022 sobre la presencia de minería irregular en el predio.

Formalización en 2024 durante acto público

El título de concesión fue entregado en abril de 2024 durante un evento denominado Asamblea Popular por la Paz y la Vida, realizado en Caucasia. En este acto, el presidente Gustavo Petro, acompañado por el entonces ministro de Minas y el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), oficializó la asignación del título a Hermelina Isabel Cardozo Calle.

De acuerdo con registros institucionales, la beneficiaria recibió el reconocimiento público como titular del contrato de concesión para la explotación del yacimiento. La formalización se dio en el marco de una política orientada a la regularización de la minería en territorios con tradición extractiva.

Antecedentes del predio y advertencias ambientales

Uno de los elementos que ha generado mayor atención es el historial del terreno. El predio donde se ubica la mina, de aproximadamente 2.000 hectáreas, había sido previamente incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, y estaba bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como parte de un proceso de extinción de dominio.

Antes de la entrega del título, informes del Ejército Nacional, fechados en noviembre y diciembre de 2022, alertaban sobre posibles actividades ilegales en la zona. Estas comunicaciones, dirigidas a autoridades ambientales, señalaban impactos asociados al uso de mercurio, la remoción de material y el vertimiento de sustancias químicas.

A pesar de estos antecedentes, la Agencia Nacional de Minería avanzó en la concesión del título, lo que ha generado interrogantes sobre los procesos de verificación y evaluación técnica previos a la adjudicación.

Seguimiento institucional y control del título

Tras la formalización, la ANM dispuso la reasignación del seguimiento del título minero al Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente. Esta instancia tiene la responsabilidad de adelantar labores de fiscalización, verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales y control sobre la actividad extractiva.

El objetivo de esta medida es garantizar que la explotación minera se realice conforme a la normativa vigente y bajo estándares técnicos, ambientales y legales establecidos.

Un caso que genera debate

La situación ha suscitado un amplio debate sobre la relación entre la formalización minera, el control territorial y la prevención de actividades ilegales. La cercanía de la mina a una instalación militar y los antecedentes del predio han puesto en evidencia la complejidad de estos procesos en regiones con presencia de economías ilícitas.

Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos adicionales por parte de la titular del contrato sobre los señalamientos conocidos públicamente. Entretanto, las autoridades continúan con las labores de seguimiento y verificación correspondientes.