Sigue el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba

El paro minero en el Bajo Cauca de Antioquia y el sur de Córdoba se mantiene activo, son varios días, en medio de bloqueos en vías estratégicas, restricciones a la movilidad y un ambiente de creciente tensión entre manifestantes y autoridades.

Las protestas han sido lideradas por organizaciones como la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, se concentraron en corredores clave como Campoalegre y la glorieta de Caucasia, así como en sectores de Puerto Libertador y La Apartada. 

Estos puntos afectaron de manera directa la troncal que comunica el interior del país con la costa Caribe, generando interrupciones en el transporte de alimentos, combustibles y la atención de emergencias en múltiples municipios.

Aunque los bloqueos se mantuvieron, en algunos momentos de acuerdo a información oficial, se permitió el paso intermitente de misiones médicas, suministros básicos y vehículos esenciales, con el fin de mitigar el riesgo de desabastecimiento total en la región.

De acuerdo a lo conocido, el paro fue convocado en medio de reclamos por presuntos incumplimientos del Gobierno nacional frente a acuerdos alcanzados en 2023 y 2024, así como por el rechazo a los operativos de la Fuerza Pública contra la minería ilegal. 

Según voceros del sector, estas intervenciones habían dejado la destrucción de al menos 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas en más de 30 operativos, lo que, aseguraron, afectaba directamente su sustento y procesos de formalización.

Por otra parte, los líderes mineros también cuestionaron la falta de aplicación de un principio de diferenciación en los operativos, señalando que tanto actividades ilegales como procesos en vías de legalización estaban siendo impactados por las acciones de las autoridades. 

En ese sentido, insistieron en la necesidad de una mayor articulación institucional y de la presencia directa del Gobierno en la zona para reactivar los espacios de diálogo.

Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia se advirtió sobre las consecuencias de mantener bloqueadas las vías. Las autoridades señalaron que estas acciones afectaban derechos fundamentales como la libre movilidad, el acceso a la salud y el abastecimiento de alimentos, además de generar riesgos para la seguridad en la región.

En esa línea, se indicó que, aunque se reconocía el derecho a la protesta, no se permitirían vías de hecho de manera indefinida y que la Fuerza Pública estaba preparada para intervenir en caso de que no se lograran acuerdos o no se habilitaran los corredores viales.

Asimismo, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo que los operativos contra la minería ilegal continuarían, al considerar que estas actividades representan un riesgo ambiental y pueden estar vinculadas a la financiación de grupos armados organizados.

Por medio de su cuenta de X, Sánchez escribió que el Bajo Cauca puede desarrollar su riqueza minera, pero solo dentro de la ley y sin destruir el agua, el ambiente ni afectar a las comunidades.

“La extracción ilegal de minerales es un grave delito ambiental que, además, suele ir acompañado de otros delitos que vulneran los derechos y libertades de las comunidades”, puntualizó.

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