Niños indígenas en clases improvisadas ante llamado a paro educativo por parte de las autoridades indígenas de Mutatá

En los corredores de un colegio rural y en las salas de algunas viviendas de la comunidad, decenas de niños indígenas siguen reuniéndose cada mañana para aprender, no hay aulas formales ni campañas escolares, pero sí cuadernos, maestros y madres decididas a evitar que sus hijos pierdan el año escolar.

La escena se repite desde hace semanas en las 11 instituciones educativas que atienden a la comunidad indígena Jaikerazabi, en el Urabá antioqueño, luego de que las autoridades del resguardo pidieran suspender las actividades académicas; los educadores se negaron a acatar la orden y continúan impartiendo clases de manera informal para impedir que los estudiantes queden desescolarizados.

La situación más crítica se vive en la sede rural Chontadural Cañeros, donde 55 niños han tenido que adaptarse a espacios improvisados para continuar su formación.

Según Yeni Andrea Tascón, vocera de los docentes de la zona, el conflicto se arrastra desde agosto de 2025, cuando las autoridades indígenas declararon un paro educativo para presionar a la Secretaría de Educación a instalar una mesa técnica y atender varias solicitudes de la comunidad, entre las exigencias se encuentra el retiro de cuatro docentes pertenecientes al pueblo indígena Chamí que habían sido nombrados en años anteriores para trabajar en estas instituciones, también se reclamaron mejoras en la infraestructura educativa.

En Colombia, los maestros que trabajan en territorios indígenas deben contar primero con el aval de las autoridades del resguardo antes de asumir el cargo, con esa aprobación previa, la Secretaría de Educación departamental puede formalizar su nombramiento; sin embargo, la actual disputa ha tensado esa relación institucional. 

La secretaria de Educación de Antioquia, Mónica Ospina Londoño, aseguró que los acuerdos alcanzados a finales de 2025 se han cumplido y subrayó que el derecho a la educación de los niños debe prevalecer, “Colombia es un Estado social de derecho que respeta la autonomía de los pueblos indígenas”, señaló. “Pero ninguna decisión puede estar por encima de los derechos fundamentales de los niños, como la educación y la alimentación”.

Ospina explicó que el cierre de las escuelas también impide el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), del cual dependen muchos estudiantes de la región, además anunció que el departamento proyecta invertir hasta 10.870 millones de pesos en infraestructura educativa en la zona hacia 2027.

Por su parte, el gerente indígena del departamento, Óscar Arias Bedoya, recordó que en la región de Urabá se han construido recientemente diez nuevas instituciones educativas y que el gobierno departamental ha acompañado el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado.

Arias también hizo un llamado a las autoridades indígenas para evitar medidas que puedan afectar a los estudiantes. Según las autoridades departamentales, no existe un riesgo comprobado para la seguridad de los docentes, pero sí una amenaza creciente para la estabilidad académica de los niños si el conflicto persiste.

Mientras tanto, las clases se reciben donde se pueda: bajo techos prestados, en corredores abiertos y en hogares improvisados como aulas. Allí, lejos de las aulas formales, la educación resiste.