Mañana habrá movilización minera en el Nordeste antioqueño

Mañana lunes 24 de marzo, el corregimiento de Porce, en Santo Domingo, será el epicentro de una nueva movilización de mineros del Nordeste antioqueño. Convocados por la Mesa Minera y Agroambiental de la región, los trabajadores buscan exigir la formalización de su actividad y rechazar la criminalización que, aseguran, han sufrido en los últimos años.

El paro minero, que había sido programado inicialmente para el 10 de marzo y se postergó tras el asesinato del líder Jaime Gallego, responde a la falta de avances en los procesos de regulación de la minería artesanal y ancestral. La comunidad minera insiste en que su actividad es histórica y debe ser reconocida por el Gobierno, en lugar de ser objeto de operativos que afectan su sustento.

Uno de los puntos centrales de la protesta es la seguridad de los líderes del sector, especialmente tras la muerte de Gallego, conocido como «Mongo». Su asesinato, ocurrido el pasado 9 de marzo en una zona rural del municipio de Vegachí, ha incrementado la preocupación de la comunidad minera, que también denuncia la falta de garantías para ejercer su labor sin temor a represalias o señalamientos.

Según la Mesa Minera, el Ministerio de Defensa es la única entidad con la que no han logrado establecer acuerdos significativos en el proceso de formalización. Los mineros insisten en que su actividad debe dejar de ser tratada como un problema de orden público y ser reconocida como una fuente de trabajo que aporta a la economía de la región.

Durante la jornada de protesta, también se espera que se aborden temas relacionados con las condiciones económicas y ambientales de la minería en el Nordeste de Antioquia. Los manifestantes han hecho un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Energía y a la Agencia Nacional de Minería para que se abra un espacio de diálogo que permita encontrar soluciones efectivas y sostenibles.

La movilización, que podría extenderse de manera indefinida si no se logran avances, busca generar un punto de inflexión en la relación del sector minero con el Estado. La comunidad insiste en la necesidad de medidas concretas que permitan la regularización de su labor y el cese de operativos que consideran injustos y perjudiciales para su estabilidad y la de sus familias.

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