Internos de cárceles en Antioquia lanzan un S.O.S por crisis humanitaria y alimentaria

Internos de las cárceles El Pesebre, en Puerto Triunfo, y El Pedregal, en Medellín, han lanzado un llamado urgente a las autoridades penitenciarias y de derechos humanos, denunciando condiciones de hacinamiento, falta de agua potable, alimentación deficiente y una crisis sanitaria que empeora con la falta de luz eléctrica que se prolonga por cerca de un mes.

En El Pesebre, los internos afirman que permanecen hasta diez personas en celdas diseñadas para cuatro, sin acceso a agua potable ni posibilidad de adquirir alimentos complementarios debido a la ausencia de expendios dentro del establecimiento. Las familias tampoco pueden ingresar agua, y no se suministran kits alimentarios de forma adecuada. La situación sanitaria es crítica por la falta de atención a personas enfermas, mientras que la clasificación de fases, que permitiría acceder a beneficios de redención de pena, se mantiene retrasada.

A esta realidad se suma la falta de electricidad debido a un transformador averiado, situación que ha sido informada por funcionarios del INPEC a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), sin recibir respuesta efectiva. De acuerdo con datos proporcionados por la Veeduría Penitenciaria Nacional, más de 1.600 internos enfrentan condiciones de vulnerabilidad agravadas, en lo que describen como una “tortura física” prolongada. Durante los últimos catorce meses, El Pesebre ha reportado 19 muertes de internos, de acuerdo con la información suministrada por Jorge Alberto Carmona Vélez, defensor de derechos humanos de la población privada de la libertad en Antioquia.

En el caso de la cárcel El Pedregal en Medellín, los internos reportan el retorno de una alimentación de baja calidad, lo que ha generado desobediencias civiles en protesta por las condiciones que consideran indignas. Los internos también señalan la falta de intervención oportuna por parte de los entes de control en Medellín, a pesar de las reiteradas denuncias de fallas en la prestación del servicio de alimentación y atención en salud, según revela la veeduría.

El llamado de los internos se centra en la exigencia de medidas urgentes a las autoridades competentes para garantizar agua potable, una alimentación digna y condiciones mínimas de salud y habitabilidad en estos centros penitenciarios. La denuncia recalca la necesidad de intervención inmediata de la USPEC y de EPM para restablecer el servicio de energía, y de los juzgados competentes para revisar los procesos de redención de penas conforme a la ley.