Decreto 0177 impuso nuevas reglas a hidroeléctricas tras superar embalses el 100 % de su capacidad

El pasado 24 de febrero de 2026, el Gobierno implementó el Decreto 0177 de 2026, con el fin de enfrentar la emergencia ambiental causada por un frente frío atípico que impactó ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Esta medida se emitió después de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (Decreto 0150 de 2026), tras precipitaciones que superaron los registros históricos del período 1991-2020.

En el texto, se mencionó que “el número de alertas hidrológicas emitidas durante los primeros días de febrero de 2026 en la región Caribe fue significativamente superior al registrado en los seis (6) años anteriores para el mismo periodo”.

Lo que, mencionaron, reflejó una concentración extraordinaria de eventos críticos de creciente súbita frente a los escenarios de recurrencia ordinaria de acuerdo con la información hidrológica oficial referida en el Decreto 0150 de 2026.

De igual manera, se mencionó que según los análisis del IDEAM y la UNGRD, en enero las lluvias aumentaron entre un 149 % y un 289 % respecto a los promedios multianuales, mientras que en solo ocho días de febrero se alcanzó el 100 % del promedio mensual en la región Caribe.

Se trajó a colación también la saturación de suelos y el sobrepaso de umbrales en embalses como Playas y Urrá I provocaron graves consecuencias, 69.235 familias afectadas, 252.233 personas impactadas, 10 fallecidos, 3 heridos, 11.955 viviendas averiadas y 4.158 destruidas, además de daños a 19.798 hectáreas productivas y a infraestructura clave, incluyendo 111 vías, 58 puentes y 38 acueductos.

El decreto facultó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a modificar instrumentos de manejo ambiental de hidroeléctricas con alertas vigentes, estableciendo estándares para eventos extremos de retorno de 500 años y priorizando la protección ambiental sobre compromisos comerciales.

Y, también estableció implicaciones de cumplimiento inmediato para las centrales hidroeléctricas ubicadas en los departamentos declarados en emergencia: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

Entre las principales exigencias se incluyó la adopción de esquemas de amortiguación de crecientes mediante la determinación técnica de un “volumen de espera” o vacío operacional en los embalses.

Para ello, se ordenó utilizar como referencia mínima eventos extremos con períodos de retorno iguales o superiores a 500 años, un estándar más estricto que los supuestos hidrológicos tradicionales.

Además, las empresas deberán implementar planes específicos para escenarios de sequía o mínimos históricos, garantizando la protección de los ecosistemas y los usos del agua aguas abajo.

El decreto también dispuso que las medidas ambientales y de gestión del riesgo prevalecieran sobre cualquier compromiso operativo, comercial o contractual del sector energético.

Se expuso que en caso de conflicto entre obligaciones ambientales y contratos de venta de energía, primaron las acciones orientadas a la protección ambiental y la prevención de desastres.

En materia financiera, se estableció una transferencia adicional transitoria del 2 % sobre las ventas brutas de energía por generación propia, aplicable durante seis meses a las empresas hidroeléctricas y térmicas cuya infraestructura estuviera ubicada en las cuencas afectadas.

Los recursos recaudados deberán destinarse exclusivamente a financiar las medidas de recuperación ambiental y gestión del riesgo contempladas en el decreto.

Asimismo, los titulares de licencias ambientales estuvieron obligados a realizar, en un plazo máximo de seis meses, una evaluación integral de las condiciones estructurales y operativas de sus embalses.

Esta revisión incluyó la verificación de cotas de operación, niveles críticos, capacidad real de almacenamiento y descarga, así como la coherencia entre la curva guía y el comportamiento efectivo del sistema frente a eventos extremos.

De acuerdo a los argumentos mencionados en el decreto, dadas disposiciones se fundamentaron en lo ocurrido durante la emergencia de febrero de 2026, cuando embalses como Urrá I y Playas superaron el 100 % de su capacidad técnica, alcanzando 103 % y 103,9 % respectivamente durante varios días.

Lo cual, se menciona, evidenció que las reglas operativas ordinarias resultaron insuficientes ante fenómenos climáticos atípicos, razón por la cual, el decreto impuso mayores restricciones operativas.

Por otra parte, el Decreto 0177 de 2026 también se incluyó la restauración ecológica mediante reconexión de ciénagas y valles aluviales, y la creación del Centro Regional de Monitoreo, Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas (CRMPA) en Córdoba.

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