Crece la controversia en Andes por posible construcción de una segunda cárcel regional

Una fuerte polémica sacude al municipio de Andes, suroeste antioqueño, ante la posibilidad de que en su territorio se construya una nueva cárcel con capacidad para 8.000 reclusos, lo que la convertiría en uno de los mayores centros penitenciarios del país. Aunque las autoridades locales han negado avances concretos, diversos líderes sociales y comunitarios aseguran que existen evidencias físicas y contractuales que apuntan a la ejecución del proyecto.

Según información conocida por IFMNOTICIAS, el terreno donde se proyecta la obra fue adquirido por el municipio en 1957, con el propósito inicial de destinarlo a un centro de reclusión. Desde entonces, el predio ha estado disponible para el Estado, y hoy vuelve a ser tema de debate público.

El municipio de Andes ya alberga la cárcel “Piedras Blancas”, conocida por haber alcanzado en la década pasada los niveles más altos de hacinamiento carcelario en Colombia, con 780 internos en un espacio diseñado para 168. Pese a esta sobrepoblación, el establecimiento ha continuado recibiendo personas privadas de la libertad provenientes de otras regiones, especialmente de municipios que no cuentan con centros penitenciarios propios.

Actualmente, Antioquia tiene 18 cárceles bajo administración del Inpec, tres de ellas ubicadas en el Valle de Aburrá, donde reside el 60% de la población del departamento. En contraste, el suroeste antioqueño, que representa apenas el 6% de los habitantes, concentra el doble de establecimientos penitenciarios, lo que ha generado reclamos por desigualdad en la distribución de la carga carcelaria.

La controversia se agudizó cuando organizaciones locales denunciaron la existencia de un punto de geolocalización con una placa metálica que señala el lugar como “Cárcel de Andes”. Dicho marcador habría sido instalado tras un contrato por 5.450 millones de pesos, destinado a “confrontar requisitos técnicos”, pese a que el terreno no cumpliría normas ambientales ni urbanísticas del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT).

Voceros ambientales advierten que el proyecto afectaría zonas de protección hídrica y ecosistemas rurales, además de ubicarse cerca del único centro educativo campesino en un radio de 100 kilómetros. “Es una decisión que amenaza el equilibrio social y ambiental del territorio”, señaló uno de los miembros del Consejo Territorial de Planeación y de la Mesa Ambiental.

Mientras crecen las inquietudes, la comunidad pide transparencia en los estudios y claridad sobre el verdadero alcance del proyecto. De concretarse, Andes se convertiría, junto con Bogotá, en el único municipio del país con dos cárceles en su jurisdicción, pese a que su población es de apenas 50.000 habitantes.