(ANÁLISIS) ¿Fiscalía contra Rendón o persecución desde el poder? Las dudas que crecen en Antioquia

La oposición ha sido víctima del Gobierno Nacional y para nadie es un secreto. Especialmente el Centro Democrático se ha visto afectado por señalamientos, peticiones ignoradas, incumplimiento del Gobierno de lo que le corresponde, y además, un claro ataque a Antioquia y Medellín porque tanto el alcalde Federico Gutiérrez como el gobernador Andrés Julián Rendón han sido voces críticas.

El pasado 21 de agosto y tal y como lo dejó señalado IFMNOTICIAS en su nota, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre las interceptaciones telefónicas realizadas a sus comunicaciones por orden de la fiscal general, Luz Adriiana Camargo. En su declaración, calificó la situación como un hecho grave para la democracia y planteó varios cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la decisión de la Fiscalía. “¿Cuál es el objetivo de espiar mis comunicaciones, de atentar contra mi intimidad? ¿Por qué la fiscal general Camargo, en rueda de prensa en Medellín, aseguró que tengo una imputación en mi contra cuando esta no ha tomado lugar? ¿Está hablando con el deseo, señora fiscal? ¿El plan ya está listo, pero les falta consumarlo?”, expresó Rendón. El mandatario departamental cuestionó además si existe una directriz de la fiscal para acelerar el proceso en su contra, al que calificó como un caso construido con el fin de apartarlo de su cargo. “Un caso que han construido para sacarme del camino e instrumentalizar la justicia a fin de permitirle a Petro usurpar mi cargo y poner un gobernador de bolsillo de cara al 2026”, señaló.

Rendón indicó que los servidores públicos deben dar ejemplo y responder por sus actos, pero advirtió que la interceptación de sus comunicaciones y las de algunos de sus colaboradores para investigar hechos ocurridos hace seis años, cuando era alcalde de Rionegro, constituye —en sus palabras— un abuso de poder y un uso ideológico de la justicia.

Sobre el proceso que se le adelanta, sostuvo que la construcción de Centros de Atención Inmediata (CAI) para la seguridad de las comunidades “está lejos de ser un delito como la Fiscalía lo quiere imponer”. El gobernador también se refirió a lo que considera diferencias en el actuar de las autoridades judiciales frente a casos relacionados con personas cercanas al Gobierno Nacional. Mencionó el proceso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) y el nombre de Carlos Ramón González, a quien identificó como “cercano al presidente Petro, exguerrillero del M19, y hoy protegido de la dictadura de Ortega en Nicaragua, gracias a la gestión de la Cancillería del Gobierno Nacional”.

En su pronunciamiento, Rendón llamó a que “la ideología no sesgue a la justicia” y pidió que las instituciones no sean utilizadas con fines políticos. También expresó su respeto hacia fiscales y jueces que, según él, trabajan en la administración de justicia sin sesgos ideológicos. Finalmente, comparó la situación que atraviesa con el contexto de Venezuela. “El libreto de Venezuela para Colombia es el mismo que nos aplican hoy: impunidad al gobierno Petro y cárcel a los opositores”, afirmó.

Gobernador Andrés Julián denunció interceptaciones telefónicas ordenadas por la Fiscalía

Pero esto no ha sido todo. El pasado 2 de julio, IFMNOTICIAS dejó claro las presuntas persecuciones contra el gobernador, en su nota titulada “(ANÁLISIS) ¿Persecución política contra Andrés Julián Rendón? Las dudas que deja el proceso de la Fiscal contra el Gobernador de Antioquia”. IFMNOTICIAS aseguró que el proceso judicial que enfrenta el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, ha desatado un intenso debate nacional: ¿se trata de un legítimo ejercicio de la justicia o de un mecanismo para perseguir políticamente a un opositor incómodo para el Gobierno Nacional? Las actuaciones de la Fiscalía, el contexto de confrontación política y los tiempos judiciales dejan abiertos serios interrogantes sobre lo que realmente está ocurriendo.

Vea nota publicada de IFMNOTICIAS:

(ANÁLISIS) ¿Persecución política contra Andrés Julián Rendón? Las dudas que deja el proceso de la Fiscal contra el Gobernador de Antioquia

Desde su posesión, el 1 de enero de 2024, Rendón marcó un tono que lo ha distanciado del presidente Gustavo Petro: “Si Antioquia resiste, Colombia se salva”. Y desde entonces, los pulsos entre ambos han sido constantes: la “vaca” para terminar las vías al mar tras el incumplimiento del Gobierno Nacional; el reclamo por la cesión del Túnel del Toyo; la denuncia de la caravana de la UNP con alias Calarcá; los cuestionamientos del Gobernador por no recibir ayuda por parte del Gobierno por la ola invernal; la insistencia del mandatario antioqueño para que se entreguen los dineros para la seguridad energética del departamento; los llamados para fortalecer la fuerza pública y la seguridad en Antioquia; el rechazo al día cívico decretado por Petro; la necesidad de los pagos que se adeudan de la salud; la exposición de las ambulancias “nuevas” que resultaron ser vehículos adquiridos en 2023; Puerto Antioquia; y el referendo de Autonomía Fiscal, aún en curso, mientras la consulta popular de Petro se cayó.

A esto se suma la postura de Rendón frente a la Paz Total, que ha calificado como un engaño que ha fortalecido al crimen organizado en Antioquia.

La línea de tiempo: un proceso con celeridad sospechosa

En 2023, la Fiscalía seccional intentó una imputación contra Rendón un mes antes de elecciones, lo que la defensa calificó como un intento de daño electoral. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el proceso avanzó con lentitud, pasando por cuatro fiscales y permaneciendo en indagación preliminar. Rendón rindió interrogatorio en marzo de 2024, justificando la necesidad y legalidad de los CAI construidos en Rionegro. En abril y mayo de 2025, tras la llegada de la fiscal Diana Yolima Niño Avendaño, se adelantaron 27 actividades investigativas en un mes. El 24 de junio de 2025, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, declaró públicamente que ya se formuló imputación contra Rendón. Esto fue desmentido por la defensa, que insistió en que no existe tal imputación ni citación a audiencia.

A esta línea de tiempo se le suma la del 21 de agosto, cuando el gobernador de Antioquia se pronunció sobre las interceptaciones telefónicas realizadas a sus comunicaciones por orden de la fiscal general, Luz Adriiana Camargo. En su declaración, calificó la situación como un hecho grave para la democracia y planteó varios cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la decisión de la Fiscalía.

Ante las declaraciones pasadas de la fiscal general que se dejó constancia en IFMNOTICIAS el 2 de julio, el abogado defensor de Rendón, Luis Gabriel Chaves Ortiz, presentó una recusación formal. Según el escrito, la afirmación de Camargo envía un mensaje directo a sus subalternos y distorsiona el proceso, afectando el mismo y la presunción de inocencia. Tal y como lo anunciaron, la recusación invoca la causal 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004: la fiscal habría manifestado su opinión sobre el proceso, desbordando su rol institucional y afectando la imparcialidad de la investigación.

¿Persecución política? Lo que opinan los expertos

Como se mencionó en líneas anteriores, varios analistas y líderes de opinión han comenzado a alertar sobre lo que consideran una posible persecución política en curso. Las coincidencias entre la aceleración de las investigaciones y los pulsos de Rendón contra el Gobierno Petro no pasan desapercibidas. En el mismo sentido, se señala que lo que hoy vive el gobernador de Antioquia parece replicarse en Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez también ha denunciado presiones judiciales y ataques institucionales. Ambos mandatarios han sido claros en sus posturas, frente a decisiones del Gobierno Nacional y en la defensa de los intereses de sus territorios, lo que los ha convertido en blancos incómodos para el poder central. De fondo, se advierte que la fiscal general, cercana al presidente según distintas voces, estaría actuando para callar a quienes han levantado su voz contra las políticas del Gobierno, en un escenario que recuerda, según algunos expertos, patrones de persecución de regímenes autoritarios.

La causa: los CAI que existen y los delitos que no

El proceso contra Rendón se centra en la construcción de los CAI de Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira, obras contempladas en su plan de gobierno como alcalde de Rionegro. Las edificaciones están en pie, fueron recibidas en comodato por la Policía y, según el propio Rendón, “ni un solo peso público se ha perdido”. Lo que se cuestiona, insiste la defensa, carece de sustento delictivo. Además, IFMNOTICIAS conversó con algunos habitantes del sector y dejaron claro que los CAI cumplen su función en beneficio de la comunidad.

El caso contra Andrés Julián Rendón plantea preguntas: ¿hasta dónde está la justicia actuando de forma independiente? ¿Se está utilizando el aparato judicial para neutralizar la oposición política? ¿Evidenciaría lo anterior lo que líderes como la precandidata Vicky Dávila han señalado sobre la “Fiscal de bolsillo”? En el fondo, lo que está en juego no es solo la situación de un gobernador, sino el equilibrio de poderes y la salud de la democracia colombiana.