(ANÁLISIS) El caso AFINIA: un mal negocio desde el principio

Desde la década de los 90, la Costa Caribe colombiana ha sido un dolor de cabeza para las empresas que intentaron gestionar la distribución de electricidad en la región. Empresas como Corelca y Electricaribe marcaron precedentes claros de lo que significaba el reto de llevar energía a esta vasta y compleja área geográfica.

Las fallas, ineficiencias y crisis económicas que las llevaron a la liquidación son historias bien conocidas, y aún más cuando se trata de Electricaribe, cuyo control extranjero tampoco fue suficiente para evitar su intervención y posterior colapso. Sin embargo, cuando se creía que esta experiencia había dejado lecciones claras, un nuevo actor decidió tomar el riesgo:Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. conocido como AFINIA, la filial de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), surgió con la esperanza de resolver los problemas energéticos de parte de la Costa. Pero desde el principio, el panorama se mostró desalentador.

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Los antecedentes de la crisis: Corelca y Electricaribe

Corelca, una empresa pública creada en los años 60 para atender la demanda de energía en la región Caribe, no tardó en mostrar signos de debilidad. La falta de inversiones en infraestructura, un deficiente control administrativo y la incapacidad de recuperar cartera llevaron a la compañía a la quiebra. Años después, el gobierno decidió privatizar la prestación del servicio, dando paso a la entrada de Electricaribe, un consorcio controlado por capital español, que inicialmente prometía modernizar y optimizar la distribución de energía en la región.

Sin embargo, la administración de Electricaribe también resultó ser un fracaso. A pesar de su músculo financiero, la empresa se enfrentó a problemas estructurales profundos. La Costa Caribe tenía una baja cultura de pago entre sus habitantes, altos niveles de robo de energía y una infraestructura en condiciones críticas. A ello se sumaba la gran dispersión de poblaciones rurales que complicaba la distribución de electricidad, obligando a la empresa a mantener extensos sistemas de cableado para atender a comunidades pequeñas. En 2016, tras años de quejas por fallos en el servicio y una creciente deuda, el gobierno colombiano intervino a la compañía y en 2019 decretó su liquidación.

El papel de Daniel Quintero en la creación de AFINIA

Tras la liquidación de Electricaribe, el Gobierno Nacional se enfrentó a un desafío: encontrar una empresa capaz de gestionar el servicio eléctrico en la Costa. Fue entonces cuando entró en escena el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Quintero, a pesar de contar con estudios y mapas de riesgo que advertían de la inviabilidad del negocio en la Costa para EPM, decidió utilizar esta oportunidad para sus propios fines políticos.

Según múltiples fuentes y la denuncias que desde el 2020 viene haciendo públicas IFMNOTICIAS, Quintero habría aprovechado la desesperación del gobierno de Iván Duque por resolver el problema energético en la región para negociar el control de la distribución en una parte del territorio. En concreto, la zona asignada a AFINIA abarcaba los departamentos de Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar. A cambio, Quintero habría solicitado recursos para avanzar en una de sus promesas de campaña más importantes: la construcción del Metro de la 80 en Medellín. Esta maniobra, aunque polémica desde sus inicios, fue concretada, y en 2020, AFINIA comenzó operaciones.

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Las advertencias ignoradas

Lo que desde un principio se calificó como una decisión riesgosa no tardó en mostrar sus efectos. La propia EPM, a través de sus mapas de riesgos, advertía sobre las dificultades de hacer rentable el negocio en la Costa. Entre los principales factores estaban:

1. Baja cultura de pago: Los habitantes de la región, históricamente, han mostrado dificultades para cumplir con los pagos del servicio eléctrico, lo que representa una pérdida constante para los operadores.
2. Robo de energía: La práctica del robo de electricidad, conocida localmente como pachanga, es común en la región y ha afectado a todas las empresas que han operado allí, incluido AFINIA.
3. Infraestructura deficiente: La vasta geografía y dispersión de poblaciones pequeñas requieren grandes inversiones en cableado y transformadores, lo que eleva los costos de operación.
4. Condiciones climáticas: La costa Caribe enfrenta fuertes temperaturas y altos niveles de humedad, lo que deteriora rápidamente la infraestructura eléctrica, aumentando los costos de mantenimiento.
5. Costos de energía elevados: La región carece de fuentes de generación eléctrica cercanas, lo que implica transportar la energía desde otras zonas del país, incrementando las tarifas y afectando la capacidad de pago de los usuarios.

A pesar de estas advertencias, Quintero decidió continuar adelante, ignorando las proyecciones de pérdidas que ya se perfilaban en los estudios de viabilidad de EPM.

AFINIA, una máquina de pérdidas

El tiempo ha demostrado que el negocio de AFINIA fue una mala decisión desde el comienzo. Actualmente, la empresa pierde en promedio 2.000 millones de pesos diarios, confirmando lo que las proyecciones anticipaban. La falta de pagos por parte de los usuarios, las dificultades para controlar el robo de energía y los altos costos de operación han creado una situación insostenible para EPM.

Pero el problema no solo ha sido económico. Según denuncias realizadas por el Concejal Andrés Rodríguez, AFINIA fue utilizada por Quintero como una plataforma para beneficiar a grupos cercanos a su administración, a través de contratos millonarios entregados a dedo. Rodríguez incluso señala que el controvertido Javier Lastra, quien estuvo a cargo de la liquidación de Electricaribe, fue impuesto en su momento como gerente de AFINIA bajo la influencia de estos intereses.

Todos estos problemas los heredó la actual administración de EPM, empresa pública de propiedad de los medellinenses y controlada por la Alcaldía de Medellín.

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El futuro incierto de AFINIA

La situación de AFINIA se ha agravado en medio de la crisis energética que afecta al país, especialmente en la Costa Caribe. Mientras Air-e, la otra empresa encargada de la distribución en La Guajira, Magdalena y Atlántico, ha sido intervenida por el gobierno ante su inviabilidad operativa, se especula que AFINIA podría correr la misma suerte. Aunque EPM insiste en que aún pueden mantener la operación, la situación es crítica. La empresa ha planteado la posibilidad de vender el 100% de sus acciones al gobierno, en un intento de evitar mayores pérdidas.

Lo cierto es que, desde todo punto de vista, AFINIA ha sido un mal negocio para EPM. Un proyecto que, impulsado por decisiones políticas, ha terminado siendo una carga financiera insostenible, y cuyo futuro es cada vez más incierto.