Empresas Públicas de Medellín no pudo encontrar peor momento en su historia para aceptar el negocio de la distribución eléctrica en el Caribe colombiano. Todo apunta, a que este negocio puede costarle caro. Y es que el Gobierno Nacional supo aprovechar la debilidad más grande del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y lo llevó a que aceptara un negocio basado en un trueque, apelando a su ego.
El negocio de la distribución del servicio de electricidad para la Costa Atlántica se había convertido en un verdadero dolor de cabeza. Históricamente, los gobiernos han tenido un verdadero problema que, ni siquiera los españoles, con su capital y experiencia, pudieron solucionar y por el contrario, dejaron sumido a Electricaribe, en la mas profunda crisis.
Es así como en medio del desespero, el Gobierno Nacional realiza una subasta y divide la zona en dos, para buscar quiénes asumirían el negocio, destacando, principalmente, el “potencial del negocio” y no haciendo mucho alarde de los riesgos y complicaciones que tiene el desarrollo de cualquier modelo para los departamentos de la costa caribe. Crea entonces la subasta para lo que denominaron CaribeMar, para los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar; y CaribeSol para Atlántico, Magdalena y La Guajira.
EPM, como la empresa pública mas exitosa de servicios públicos, quiso enterarse y se presentó con reservas, pero sin que el ánimo real, fuera la de hacerse con una parte del negocio en tiempos de Federico Gutiérrez. A todas luces, los diferentes Juntas Directivas y administraciones del ente autónomo que, en el pasado habían contemplado la idea, habían decidido no formar parte, aun cuando las finanzas de la empresa eran boyantes. En total, habían sido cinco las veces que se analizó la posibilidad de participar en el negocio y la conclusión siempre fue la misma: La Costa Atlántica es atractiva, pero es un pésimo negocio y de alto riesgo. Por eso Gutiérrez y la administración de Jorge Londoño de la Cuesta, de manera responsable, tomaron la decisión de dejar al criterio del nuevo alcalde, si se metía o no, en el negocio.
Esto en palabras más claras, significaba que el mapa de riesgos analizado una y otra vez en diferentes momentos de la historia, arrojaban que en la zona, habría que invertir mucho, para no sacar casi nada. Todo el esquema parte de una serie de variables que son de difícil solución y que, independiente del entusiasmo y optimismo con el que se afronte, históricamente ha terminado en frustración para las empresas que han asumido el reto de prestar el servicio de energía para la zona norte del país. Entre estas variables está la idiosincracia costeña, que con lleva, en sí misma, la cultura del no pago y de conexiones fraudulentas.
Igualmente, entre ellas esta las precarias condiciones de acceso para llevar energía a la totalidad de los poblados, muchos de ellos con muy pocos habitantes diseminados en grandes extensiones de territorio. A estas variables se suman también, las condiciones climáticas que oscilan entre la humedad y el fuerte calor, que cristaliza los cables en tiempo récord, haciendo que la reposición de redes deba ser mayor en promedio que en otros lugares. Todo esto, le agrega que sería necesario disponer de una importante cantidad de cuadrillas de reacción a lo largo de territorios que, inclusive, tienen presencia de múltiples grupos armados que dificultan la labor, sobretodo en las zonas del centro y sur del Cesar, sur de Bolívar, Montes de María, Córdoba y norte de Sucre.
La herencia de dejada por Electricaribe, hacía que el escenario fuera de mal a peor en el mapa de riesgos. Un pasivo calculado cifra cercana a los 2 billones de pesos, la advertencia de una baja recaudación de pagos que no superó en su mejor momento el 85% y la imposibilidad de cortar los servicios a quienes no pagaran, pues la cultura de la Tutela, es comúnmente fallada a favor de los usuarios que no quieren pagar. Esto sin contar, las miles de demandas por personas que se electrocutan por conexiones fraudulentas que terminan siendo responsabilidad civil de la empresa prestadora; sin contar los sindicatos y los problemas laborales; y si bien la Nación asumió el pasivo pensional de 1,6 billones de pesos, el panorama económico no pinta mejorar para el futuro, pues las deudas deben ser asumidas por el nuevo operador. A esto, el triste récord de más de 90 horas mensuales en cortes eléctricos, cuando el promedio nacional es de 35 horas y en Medellín no alcanza a las 15 horas mes. Es decir, tres veces más el promedio nacional y seis veces más que el promedio de Medellín y su área metropolitana.
Ese mapa de riesgos continuó vigente y las recomendaciones siempre fueron las mismas, el potencial de la Costa con más de un millón y medio de usuarios, que representa el 10,9 % del mercado nacional, es importante, pero suficiente para que el negocio fuera rentable y no dañara la reputación de la empresa más exitosa en servicios públicos en caso que las cosas no salgan bien y que obliga, por demás, a que en los próximo 5 años, se tengan que hacer inversiones por 4 billones de pesos para extender la red y para un total 10 billones en los siguientes 10 años. Entonces ¿Por qué EPM aceptó en el gobierno del Alcalde Daniel Quintero, quedarse con CaribeMar?
La historia tiene que ver con el ego del alcalde Daniel Quintero, detectado de forma temprana por el Gobierno Nacional que vio la imperiosa necesidad del mandatario medellinense, de sacar adelante y en tiempo récord, proyectos que quiere que sean visto como logros suyos, principalmente, el Metro de la 80.
Con esto, la propuesta fue casi de chantaje: “Usted acepta con EPM operar CaribeMar y el Gobierno le aprueba la participación que le asegure el Metro”. Esta fue la razón por la que el Conpes se terminó firmando de forma tan expedita y en fecha tan cercana, a la entrega de llaves de CaribeMar a la filial de EPM, Afinia, creada exclusivamente para asumir la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa caribe.
Así las cosas, el Conpes para el Metro de la 80 se dio el 16 de septiembre y a los 12 días calendario, el 28, se estaba oficializando la entrega de llaves de CaribeMar a Afinia para comenzar a operar el 1 de octubre. Esa misma cercanía de fechas, demuestra cómo se hizo efectivo el trueque.
Pero el tablero se pone del lado del Gobierno Nacional que ha sabido jugar sus cartas, mientras que EPM puede pagar los platos rotos. En medio del perfeccionamiento de los contratos con Afinia y el traspaso de Electricaribe, se vino la crisis generada por el alcalde Quintero que llevó a la renuncia de la Junta Directiva por el tema de HidroItuango. Es entonces cuando EPM trató de meter en el trueque un paquete de ayudas para que el Gobierno Nacional garantizara que prestaba apoyo a la finalización de la hidroeléctrica, siendo aceptado parte de esas solicitudes. El trueque estaba finiquitado y la Nación ve solucionado, por el momento, su problema, pero lo difícil llegará después.
Justo la crisis de HidroItuango, debilita la estabilidad de las Empresas Públicas de Medellín, que fue contratada para la construcción de la presa y que por mucho que el Alcalde quiera hacer parecer que quienes construyen la presa son aquellas empresas a las que pretende demandar, ellas solo son contratistas en la obra y la verdadera responsabilidad de es de EPM, quien deberá responder ante los propietarios de la hidroeléctrica que están observantes sobre como EPM soluciona su problema y analizan si ven amenazado su proyecto para entonces, demandar a EPM en caso que hayan incumplimientos.
Entrevista al Concejal Alfredo Ramos hecha por IFMNOTICIAS para el sistema MEDIALCO sobre CaribeMar
En medio de la turbulencia, se le vino a EPM, la suspensión en desembolsos de créditos para HidroItuango por lo que le tocará sacar de sus finanzas, dinero para financiar la obra en caso que no pueda solucionar el tema. Sumado a esto, se dio a conocer la baja en las calificadoras de riesgos, por lo que buscar nuevos créditos se le complicará y le será más costoso. Si bien el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, habla de una buena salud financiera de EPM, es claro que con los líos que tiene, no puede darse el lujo de estar financiando, a plenitud, filiales nuevas como la recién creada AFINIA, para CaribeMar y asumir al 100% los retos que se tienen en la costa.
Y así lo han entendido los sindicatos de trabajadores de Electricaribe que ahora son los nuevos sindicatos de AFINiA. En las primeras 32 horas de operación de AFINIA, ya los miembros del Sindicato de Trabajadores de Electricaribe-AFINIA en Cartagena denunciaron que el servicio de energía no será manejado por esta compañía sino por una “empresa de papel”.
De acuerdo a Julio César Vergara, presidente del sindicato, se trata de una empresa llamada Caribe Mar S.A.S que fue creada este año con un capital de tan solo un millón de pesos y dice que “nos queda un sabor amargo y duda que esta empresa con ese capital sea quien venga a prestar este servicio y nos dé la sustitución patronal a los trabajadores. Nuestra sustitución debe ser con EPM. Nos están enviando un documento a nuestros correos donde nos dicen que somos sustituidos por Caribe Mar, una empresa de papel y no por EPM. Quien va a operar es otra empresa llamada Afinia que ni siquiera aparece como filial de EPM”, denunció.
Según el dirigente sindical, el certificado de existencia y representación de Caribe Mar S.A.S aparece con un capital de un millón de pesos, un capital autorizado de 10 millones y no tiene activos. “Resulta que las empresas S.A.S están para constituirse con cualquier capital y empiezan a funcionar. Ellas se pueden declarar en quiebra o pueden decir que el negocio no les gusta y se van” , sentenció Vergara.
El presidente del Sindicato también sostuvo que la agente interventora de Electricaribe, Ángela Rojas, aparece como representante legal de Caribe Mar, junto a la gerente de Afinia, Blanca Ruiz. “Van a pasar de una SAS a otra. Van a tener la oportunidad de ganar dinero y las tarifas van a subir”, concluyó Vergara.
Pero mientras eso es lo que dicen los sindicatos, el tema del mal momento de EPM para asumir el reto en la costa, tiene perplejos a los críticos, pues las proyecciones de recaudo y pago de Electricaribe, viene siendo menor al 70% por el efecto de la Pandemia y esa será la cifra de inicio de AFINA.
Días antes de que entrara en funcionamiento AFINA con CaribeMar, el portal Los Irreverentes, publicó el mapa de riesgo en cuestión, dejando importantes interrogantes:
“El seguimiento de Riesgos del proyecto Caribe Mar apunta que hay 5 riesgos de máximas consecuencias para EPM. De estos 5 riesgos, 2 tienen una muy alta probabilidad de ocurrencia y 3 una alta probabilidad de ocurrencia. El equipo también ha identificado 5 riesgos de consecuencias mayores, pero con una alta o muy alta probabilidad de ocurrencia.
Uno de los riesgos más tangibles es el de la categoría F1 que se refiere al incumplimiento de las metas de recaudo, este riesgo afectaría fuertemente la caja de EPM y los resultados financieros del negocio de Caribe Mar. El riesgo F2, desplazamiento en el cumplimento de metas de pérdidas, es otro riesgo identificado como máxima consecuencia, sin embargo con la pandemia el cumplimiento de estas metas será más difícil de controlar, volviéndose en un riesgo para la estabilidad financiera del proyecto. El riesgo F4 se identifica como un mayor CAPEX, es decir, que la inversiones en capital que tendrá que hacer EPM en la infraestructura de Caribe Mar tendrá costos superiores a lo estimado que bordean alrededor del 10 %, según estimaciones del equipo de riesgos de EPM.
En ese orden de ideas EPM tendrá también que tener mayores gastos de operación y mantenimiento como lo indica el riesgo F6, que de cumplirse EPM tendrá que incurrir en 15 % de sobrecostos para sostener la operación de Caribe Mar
A nuestra fuente en EPM le preocupa en especial el riesgo categorizado como F12, que se refiere al pasivo pensional y contingencias laborales del personal de Electricaribe, según él: «el cálculo actuarial de las pensiones de la gente de Electricaribe es desproporcionado y la información disponible sobre estos pasivos tanto pensionales como de contingencias laborales es pésima, lo que puede representar un ‘roto’ en la cartera de EPM”. Este riesgo es agravado por el Rubro G2 que identifica como un riesgo de alta probabilidad de ocurrencia las clausulas convencionales restrictivas; es decir, las clausulas laborales vigentes hacen 
sumamente difícil el manejo del personal y el despido de personal en caso de no estar haciendo bien su trabajo.
El Rubro F15, que responde a las limitaciones de la operación de la empresa por COVID-19, es seguramente el riesgo más tangible para “la toma, operación y puesta en marcha del negocio por medidas asociadas a la prevención del COVID-19”. Es importante resaltar que este es un riesgo tangible para cualquier empresa en la actualidad. No obstante como se dijo anteriormente la emergencia de la pandemia ha afectado considerablemente el recaudo.
Finalmente el riesgo G5, garantías en compra de energía, que se cataloga como altamente probable, es decir, la nueva empresa que surgiría de Caribe Mar comenzaría con extremas dificultades para obtener garantías bancarias para poder hacer compras a futuros de energía, esto se debe al deterioro del mercado.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) se embarca en una inversión riesgosa, que se junta con la crisis por la demanda de Hidroituango. La gerencia de EPM deberá pilotar esta nueva empresa bajo un panorama de incertidumbre, sobrecostos y ganancias inciertas, al tiempo que afronta una crisis corporativa entre los técnicos de su empresa y una Junta Directiva puesta para favorecer los intereses políticos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero”.
Es así como el ‘trueque’ entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el Gobierno Nacional, llega en un mal momento para EPM, pone en riesgo a la “Joya de la Corona”, mientras alimenta el ego del mandatario en un cruce de negocios que nada tenían que ver, al involucrar el metro de la 80 con CaribeMar; todo por el ego del señor alcalde de la ciudad, detectado por el gobierno, que vio la necesidad que tiene, de dar golpes de opinión y de figurar, así sea a costa de la estabilidad de las Empresas Públicas de Medellín.
