Cuatro aves silvestres fueron rescatadas en operativo conjunto en Bello
Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Ambiental (MEVAL GUBIM), la Alcaldía de Bello y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá permitió el rescate de cuatro aves silvestres que se mantenían en cautiverio dentro de una vivienda en el municipio de Bello.
Un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Ambiental (MEVAL GUBIM), la Alcaldía de Bello y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá permitió el rescate de cuatro aves silvestres que se mantenían en cautiverio dentro de una vivienda en el municipio de Bello.
Los animales recuperados incluyen una guacamaya azul y amarilla, una guacamayeja y dos loros frentiamarillos. Tras el rescate, las aves fueron trasladadas al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde recibieron atención veterinaria especializada.
Durante la valoración médica se constató un deterioro en las plumas de las aves, signos visibles de estrés y sobrecrecimiento en las uñas, indicadores claros de las malas condiciones en las que permanecían. En particular, la guacamaya azul y amarilla presentó una baja capacidad de vuelo. En la vivienda también se encontraron plumas de esta especie, las cuales estaban siendo usadas como elementos decorativos en arreglos florales.
Estas especies enfrentan un alto riesgo de vulneración debido a la destrucción progresiva de su hábitat natural y al tráfico ilegal para su tenencia como mascotas, lo que las saca de su entorno y afecta su bienestar.
Álvaro Andrés Zapata, líder de Vigilancia Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que “la fauna silvestre no es fauna doméstica, debe permanecer en libertad para garantizar su salud y para que continúe prestando servicios vitales a los ecosistemas”.
Las autoridades ambientales y judiciales recuerdan que la tenencia, extracción, movilización y comercialización ilegal de fauna silvestre está penada por la ley con sanciones que incluyen penas privativas de la libertad de cinco a once años, además de multas que pueden alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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