Australia duplica las multas a las redes sociales por incumplir el veto a los menores de 16 años

Australia endurecerá su pionera ley que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en redes sociales, tras concluir que las grandes plataformas tecnológicas no han adoptado medidas suficientes para hacerla cumplir. El Ejecutivo que encabeza el primer ministro Anthony Albanese presentará ante el Parlamento un proyecto de ley que duplicará la sanción máxima, de 49,5 millones a 99 millones de dólares australianos (unos 68 millones de dólares estadounidenses), para las compañías que no tomen medidas razonables a fin de evitar que niños y adolescentes mantengan perfiles.

La normativa, considerada la primera de su tipo en el mundo, entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 y obliga a servicios como Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok a impedir el registro de usuarios menores de esa edad. Sin embargo, los datos oficiales han evidenciado un cumplimiento limitado.

Una ley con resultados desiguales

La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, atribuyó la necesidad de reforzar la legislación a la resistencia de las plataformas. "Seis meses después de nuestra ley líder en el mundo sobre redes sociales, no estoy satisfecha con que las empresas tecnológicas estén haciendo todo lo posible para mantener a los menores de 16 años fuera de sus plataformas", afirmó. La funcionaria acusó a las compañías de "adoptar trucos sacados directamente del manual de las grandes tecnológicas y hacer el mínimo indispensable para salir del paso".

Las cifras respaldan ese diagnóstico. Según un informe del organismo regulador eSafety divulgado en marzo, siete de cada diez menores que tenían cuentas en plataformas restringidas el 10 de diciembre seguían activos posteriormente en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok, lo que apunta a la facilidad con que los adolescentes han eludido las restricciones.

Más poderes para el regulador

Además de duplicar las multas, el proyecto de ley ampliará las facultades de la Comisión de eSafety, el organismo independiente encargado de la seguridad en línea. La reforma permitirá al regulador exigir a las empresas pruebas concretas de las medidas adoptadas para impedir el acceso de los menores. La sanción por no responder a los requerimientos de información de la Comisión también se duplicará.

El debate australiano se sigue de cerca en otros países que estudian limitar el uso de redes sociales entre la población más joven, ante la preocupación por sus efectos en la salud mental y el bienestar de niños y adolescentes. El resultado de la iniciativa dependerá ahora de su tramitación parlamentaria y de la capacidad de las autoridades para verificar el cumplimiento real por parte de las plataformas, que hasta ahora han defendido la complejidad técnica de comprobar la edad de sus usuarios sin afectar la privacidad del resto.

El Gobierno sostiene que las nuevas herramientas dotarán al regulador de mayor capacidad de control, en un terreno donde la aplicación efectiva ha sido, hasta ahora, el principal desafío.