La Unión Sindical Obrera (USO), principal sindicato de Ecopetrol, radicó una acción de tutela con el fin de suspender el cobro de IVA que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) exige a la Refinería de Cartagena (Reficar).
Según el sindicato, la medida busca evitar una posible afectación en las operaciones de la planta y en la estabilidad financiera de uno de los activos más relevantes del grupo empresarial estatal.
La acción judicial solicita que, de manera preventiva, se ordene a la Dian abstenerse de iniciar procesos de cobro coactivo o aplicar medidas de embargo sobre las cuentas de Ecopetrol y Reficar. El propósito es garantizar la continuidad de las operaciones de la refinería hasta que los tribunales administrativos resuelvan las controversias que existen sobre el alcance y aplicación del impuesto.
De acuerdo con la USO, las decisiones adoptadas por la Dian ponen en riesgo el suministro de combustibles en la región Caribe, además de afectar los ingresos tributarios del Distrito de Cartagena, donde opera la refinería. La organización sostiene que el cobro, derivado de conceptos internos de la autoridad tributaria, desborda sus competencias al interpretar de manera unilateral normas del Estatuto Tributario.
“Los conceptos internos con los que se pretende sancionar a Reficar usurpan funciones del Congreso, al fijar por cuenta propia la base gravable, la tarifa y el hecho generador del impuesto. Esas son funciones exclusivas del legislador”, señaló la USO en declaraciones recientes.
La tutela presentada por el sindicato se suma a la acción que ya interpuso Ecopetrol, que también anunció la preparación de una demanda de nulidad contra los conceptos de la Dian que dieron origen a los cobros. La empresa, presidida por Ricardo Roa, ha insistido en que la refinería cumple con todas las obligaciones tributarias y que los pronunciamientos de la entidad deben revisarse por parte de la jurisdicción competente.
Por su parte, la Dian ha mantenido su posición sobre la validez del cobro. En respuesta a los reclamos, la entidad explicó que, desde la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, los combustibles gasolina y ACPM quedaron gravados con el impuesto al valor agregado, razón por la cual los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar los productos.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que, pese a los recursos interpuestos, la Dian ratificó la deuda y mantiene los procedimientos para ejecutar embargos en caso de incumplimiento del pago, en un plazo estimado entre 7 y 18 días.
El caso se desarrolla mientras continúan los cuestionamientos sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la operatividad de la refinería y en la seguridad energética del país, especialmente en la región Caribe, que depende en gran medida del abastecimiento proveniente de Reficar.
