Gobierno busca frenar el uso de celulares en cárceles para ordenar extorsiones y otros delitos

El Gobierno Nacional avanza en la definición de nuevas medidas para impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares desde las cárceles para impartir órdenes relacionadas con actividades criminales. La estrategia fue abordada durante una reunión entre el ministro de Justicia, Iván Cancino, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Alexandra Falla, y representantes de empresas operadoras de telefonía móvil.

Al encuentro asistieron compañías como Claro y WOM, entre otros operadores del sector, con el propósito de revisar las herramientas que actualmente se encuentran disponibles para restringir las comunicaciones no autorizadas que se originan desde los establecimientos penitenciarios.

La preocupación del Gobierno está relacionada principalmente con el uso de dispositivos móviles al interior de las cárceles para coordinar delitos que se ejecutan fuera de los centros de reclusión. Entre las conductas que buscan ser combatidas se encuentran las extorsiones, un delito que en diferentes regiones del país ha generado afectaciones a comerciantes, empresarios, transportadores y ciudadanos.

Durante la reunión, los funcionarios y representantes de las compañías de telecomunicaciones analizaron el funcionamiento de las medidas que ya se aplican en las cárceles y las posibilidades de fortalecer los mecanismos de control. El objetivo es establecer alternativas que permitan reducir las comunicaciones ilegales sin afectar el funcionamiento de los servicios autorizados.

La discusión también plantea un desafío técnico para las autoridades, debido a que cualquier mecanismo destinado a restringir las señales debe ser implementado bajo criterios que permitan delimitar las áreas penitenciarias y evitar impactos sobre las comunicaciones de las personas que se encuentran en los alrededores de los establecimientos.

Aunque durante la reunión se revisaron diferentes posibilidades, por ahora no se ha anunciado de manera oficial cuál será el mecanismo definitivo que adoptará el Gobierno. Las nuevas medidas continúan en evaluación y se espera que sus detalles sean conocidos en los próximos días, una vez concluyan las revisiones técnicas y operativas con los operadores móviles.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, fue enfático al referirse a la necesidad de impedir que las cárceles continúen siendo utilizadas como centros desde los cuales se coordinen actividades criminales. “Desde prisión no se puede seguir ordenando el delito”, afirmó el funcionario, en una conclusión que resume la posición del Gobierno frente al problema.

La frase marca una de las prioridades de la actual administración en materia penitenciaria: evitar que las estructuras criminales mantengan capacidad de operación desde los centros de reclusión mediante el uso de teléfonos celulares y otros mecanismos de comunicación.

La articulación entre los ministerios de Justicia y TIC y las empresas de telecomunicaciones será determinante para definir el alcance de las nuevas acciones. Las autoridades deberán establecer qué soluciones pueden aplicarse de manera efectiva dentro de los establecimientos penitenciarios y cuáles son los controles necesarios para garantizar que las restricciones cumplan con su propósito.

El Gobierno busca así reforzar las medidas de seguridad en las cárceles y cerrar uno de los canales que, según las autoridades, puede facilitar la continuidad de actividades delictivas pese a que sus responsables se encuentran privados de la libertad.

Por ahora, la expectativa está puesta en los anuncios que se realicen en los próximos días. Será entonces cuando se conozcan las medidas concretas que las autoridades implementarán para restringir las comunicaciones no autorizadas y evitar que los celulares dentro de las cárceles sigan siendo utilizados para coordinar extorsiones y otros delitos.