Senadora María Clara Posada pidió revisar decreto sobre uso de la fuerza durante protestas y limitar bloqueos en vías clave

Una nueva discusión sobre los límites entre el derecho a la protesta y la protección de la movilidad ciudadana fue planteada por la senadora María Clara Posada, quien pidió al Ministerio de Defensa evaluar nuevamente las disposiciones que regulan la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.

La congresista aseguró que la propuesta surge luego de conversaciones con alcaldes y gobernadores, quienes, según explicó, han manifestado preocupaciones frente a las dificultades que enfrentan las autoridades territoriales cuando se presentan jornadas de protesta acompañadas de bloqueos o hechos de violencia.

En ese contexto, Posada sugirió al Ministerio de Defensa revisar la conveniencia del Decreto 003 de 2021, norma que estableció lineamientos relacionados con el uso de la fuerza durante las manifestaciones.

“Después de conversaciones con Alcaldes y Gobernadores, sugerimos respetuosamente al Ministerio de Defensa, con total respeto a su autonomía, que revise la conveniencia del Decreto 003 de 2021 que reguló el uso de la fuerza durante las manifestaciones”, manifestó la senadora.

Aunque reconoció que la normativa tendría buenas intenciones en materia de protección del derecho a la protesta y regulación de la actuación policial, Posada considera que en determinados escenarios las restricciones establecidas han dificultado la respuesta institucional.

“Aunque tiene buenas intenciones, en muchos casos terminó limitando la reacción de las autoridades para contener fuertes escenarios de violencia”, sostuvo.

La senadora puso especial énfasis en la situación de los integrantes de la Policía durante las manifestaciones. Según su planteamiento, los uniformados terminan enfrentando directamente los escenarios de confrontación, mientras las autoridades territoriales deben esperar durante largos periodos para recuperar la movilidad en las zonas afectadas.

“Los policías llevan la peor parte y la ciudadanía debe esperar horas para que se levanten los bloqueos”, afirmó.

Uno de los principales puntos de la propuesta de Posada está relacionado con la posibilidad de que los mandatarios locales tengan mayores herramientas para determinar los lugares en los que pueden desarrollarse las manifestaciones.

La senadora cuestionó que actualmente los alcaldes y gobernadores no puedan establecer restricciones suficientes sobre determinadas zonas consideradas fundamentales para la movilidad, situación que, en su opinión, facilita que algunas protestas terminen afectando vías principales, carreteras y corredores estratégicos.

“Actualmente los Alcaldes y Gobernadores no pueden limitar el lugar donde se realizarán las protestas, lo cual permite que los manifestantes bloqueen vías principales y carreteras fundamentales para la circulación de las personas”, señaló.

Para la congresista, el ejercicio del derecho a la protesta debe mantenerse, pero debe buscarse un equilibrio que evite que las movilizaciones terminen afectando servicios esenciales o el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

“Esto no tiene sentido. Una protesta no tiene por qué detener el funcionamiento de las ciudades y mucho menos tapar corredores viales esenciales para el suministro de bienes y servicios”, expresó.

La propuesta plantea, por tanto, diferenciar entre el derecho a manifestarse y la posibilidad de bloquear puntos estratégicos para la movilidad. Posada considera que la protesta pacífica debe ser garantizada, pero sin que las consecuencias recaigan directamente sobre ciudadanos, comerciantes, transportadores y sectores que dependen del tránsito normal por las principales vías.

En su planteamiento, la senadora propuso que los mandatarios territoriales puedan impedir la realización de protestas en determinadas zonas de circulación consideradas esenciales para las ciudades.

“Bienvenida la protesta pacífica, pero sin que los ciudadanos tengan que pagar los platos rotos”, afirmó.

La congresista cerró su propuesta planteando que “los mandatarios territoriales puedan impedir las protestas en las zonas de circulación clave de las ciudades”.

La iniciativa abre nuevamente el debate sobre cómo garantizar simultáneamente el derecho constitucional a la manifestación y la protección de derechos como la movilidad, el acceso a bienes y servicios y el normal funcionamiento de las ciudades.