Clan del Golfo aseguró que dejará de cobrar el denominado “impuesto de guerra” durante tres meses

En las últimas horas se conoció un documento que fue difundido públicamente y atribuido al Clan del Golfo en el que señala que esa organización armada suspenderá el cobro del denominado "impuesto de guerra" a comerciantes en diferentes municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Según el contenido del comunicado, la decisión será entre el 10 de julio y el 10 de octubre y fue entregado como un mensaje al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y todo su equipo acompañante, y a organizaciones que participan como mediadores, garantes y acompañantes del proceso de paz que adelanta esa estructura armada.

El grupo armado afirma en el documento que la suspensión temporal representa un "gesto de buena voluntad" hacia el mandatario electo y un reconocimiento a la labor desarrollada por los países que participan en la mediación del proceso. Aseguró además que estas instituciones han contribuido al desarrollo del espacio de diálogo y al avance de las conversaciones que sostiene con el Gobierno Nacional.

El comunicado incluye un listado de municipios donde, según la organización, dejaría de aplicarse temporalmente el cobro extorsivo.

Entre las localidades mencionadas figuran municipios del Urabá antioqueño como Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá. También aparecen municipios del Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia, entre ellos Caucasia, Tarazá, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, Amalfi, Remedios, Segovia, Yondó, Anorí y Valdivia.

En Córdoba, el documento hace referencia a Montería, Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica, Cereté, Lorica, Ciénaga de Oro, Sahagún, Chinú, Ayapel, Buenavista y otros municipios del departamento.

Además del anuncio sobre la suspensión temporal del cobro de extorsiones, el grupo armado manifiesta en el comunicado que mantiene su compromiso con los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones y expresa su disposición para avanzar hacia una solución negociada del conflicto.

Igualmente, solicita que el próximo Gobierno designe observadores que puedan acompañar el desarrollo del proceso y conocer directamente las actividades que, según la organización, se realizan en ese espacio de diálogo.

Hasta el momento de la publicación del comunicado, no se conocía un pronunciamiento oficial del Gobierno Nacional ni de las autoridades competentes sobre el anuncio realizado por la organización armada.

Tampoco se habían informado mecanismos institucionales para verificar la implementación o el cumplimiento de la suspensión temporal del denominado "impuesto de guerra" en los municipios mencionados por el grupo ilegal.

Es de recordar que el cobro de extorsiones constituye una actividad delictiva perseguida por las autoridades colombianas y representa una de las principales fuentes de financiación de estructuras armadas ilegales que operan en distintas regiones del país.