SAE recuperó diez inmuebles usados por la minería ilegal de oro y halla nueve bocaminas activas

Nueve bocaminas en funcionamiento, pasadizos subterráneos y propiedades acondicionadas para abastecer operaciones clandestinas fueron identificados durante una intervención en inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Buriticá, municipio del occidente antioqueño donde la explotación ilegal de oro representa un desafío para las autoridades.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, las bocaminas corresponden a accesos a excavaciones utilizadas para extraer minerales sin autorización. Durante las inspecciones también se detectaron túneles que, según información suministrada por la Policía Nacional, tendrían conexiones con frentes de minería formal que permanecen en producción.

Otro aspecto documentado fue el uso de algunas propiedades que aparentaban ser viviendas como puntos de suministro para las actividades subterráneas. Desde estos lugares se proporcionaban alimentos, agua, electricidad y otros elementos necesarios para mantener la operación minera.

En el procedimiento participaron funcionarios de la SAE, integrantes del Ejército y la Policía Nacional, personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), representantes de la Personería Municipal y autoridades de la Alcaldía de Buriticá.

La SAE, encargada de administrar activos recuperados por el Estado a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO), señaló que continuará adelantando acciones para proteger los bienes bajo su responsabilidad e impedir su utilización en actividades ilícitas.

La situación pone de relieve las dificultades que enfrenta la administración estatal de propiedades vinculadas a procesos de extinción de dominio. Esta figura jurídica, regulada por la Ley 1708 de 2014, permite que determinados bienes pasen a manos del Estado cuando se acreditan las condiciones legales relacionadas con su origen ilícito o su destinación a actividades ilegales.

El procedimiento patrimonial es independiente de la responsabilidad penal individual. Mientras las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes, la SAE puede asumir la administración de los inmuebles afectados, con la responsabilidad de preservar sus condiciones y evitar que vuelvan a utilizarse para los fines que dieron lugar a su intervención.

En Buriticá, ese objetivo enfrenta obstáculos asociados a la persistencia de redes dedicadas a la extracción clandestina de oro y a la infraestructura que permite mantener estas operaciones.

La entidad ha advertido que la minería ilegal en la zona está relacionada con hechos violentos, entre ellos enfrentamientos armados, explosiones y utilización de artefactos explosivos improvisados. La disputa por las rentas de esta actividad también ha sido relacionada, en reportes periodísticos, con estructuras armadas como el Clan del Golfo y grupos disidentes de las antiguas FARC.

Los hallazgos recientes se suman a otros episodios registrados en el municipio. En octubre de 2025, Infobae informó que la SAE había denunciado el uso de uno de sus predios como punto de transporte de oro extraído ilegalmente y la construcción de túneles en el lugar.

Durante el operativo de desalojo relacionado con ese caso, en el que participaron la Policía y la Fiscalía, un integrante de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo (Unimil) resultó gravemente herido por un disparo de fusil cuando el convoy regresaba al casco urbano.

Posteriormente, en mayo de 2026, la Policía Nacional reportó la captura de seis personas y la incautación de explosivos, municiones, un arma de fuego y maquinaria en la mina El Higabra, también ubicada en jurisdicción de Buriticá.

Estos antecedentes muestran que las actuaciones contra la extracción ilícita requieren tanto intervenciones operativas como controles sostenidos sobre los lugares utilizados para desarrollar la actividad.

Antioquia concentra una parte importante de la explotación ilícita

La problemática trasciende los límites de Buriticá. Según información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con corte a 2025, Antioquia registraba 24.282 hectáreas afectadas por explotación de oro de aluvión sin autorización, una de las cifras más elevadas del país.

El panorama plantea retos para las autoridades ambientales, judiciales y de seguridad, especialmente en territorios donde coinciden importantes recursos auríferos, operaciones mineras formales y actividades extractivas clandestinas.

La intervención en los predios administrados por la SAE constituye una nueva actuación frente a esa problemática. El desafío institucional consiste en mantener el control de los inmuebles recuperados, evitar su reutilización para actividades ilegales y garantizar que las investigaciones correspondientes permitan establecer las responsabilidades a que haya lugar.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué acciones realizó la SAE en Buriticá, Antioquia?

La Sociedad de Activos Especiales recuperó el control de diez inmuebles que estaban bajo extinción de dominio y halló nueve bocaminas activas usadas para la minería ilegal de oro.

¿Cómo se utilizaban estas propiedades para la minería ilegal?

Los predios contaban con pasadizos subterráneos conectados a frentes de minería formal y viviendas acondicionadas para suministrar alimentos, agua y electricidad a las operaciones clandestinas.

¿Qué grupos armados están vinculados a esta actividad ilícita en la zona?

Reportes oficiales relacionan la disputa por las rentas de la minería ilegal en Buriticá con estructuras criminales como el Clan del Golfo y disidencias de las FAR